Varias ONG pidieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que los Estados actúen contra las agresiones sexuales en las instituciones educativas en Latinoamérica, un fenómeno al que, según indicaron, no se está prestando suficiente atención.

El Centro para los Derechos Reproductivos, la Fundación para la Defensa y la Restitución de los Derechos Humanos (Funderes) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) elevaron su petición ante la CIDH, instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su 143 periodo de sesiones.

Las organizaciones indicaron que por cada denuncia de violencia sexual, hay "cuatro o cinco que quedan ocultas" y de ellas el 98 % no prospera en procesos judiciales porque no son consideradas "suficientemente graves" por los fiscales.

Además, indicaron que no existen mecanismos adecuados de prevención como sistemas permanentes de vigilancia y control en los centros educativos, ni mecanismos sencillos y adecuados para que los menores puedan denunciar.

Jorge Luis Barriga, abogado de Funderes, dijo que, según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (Unifem), las niñas y las mujeres jóvenes son las víctimas más frecuentes de la violencia sexual en los centros educativos.

"Más del 50 % de las agresiones sexuales recaen sobre niñas menores de 16 años (...) debido en gran parte al producto de las relaciones de poder basadas en el género y que están profundamente arraigadas en la sociedad", señaló.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apuntan a que las edades más frecuentes en las que sufren estos abusos son entre los 8 y los 13 años.

Los niños en primaria son "más propensos a sufrir violencia sexual con intimidación y fuerza", mientras que en secundaria enfrentan "el acoso sexual y el chantaje a cambio de notas o de no ser reprobados", indicó Barriga.

El estatus económico, apuntaron, es uno de los factores de riesgo, ya que estos niños "tienen menos supervisión y control cuando acuden al sistema escolar", así como el pertenecer a alguna minoría étnica, ya que las diferencias culturales, las barreras con el lenguaje y la exclusión en muchos casos les hace más vulnerables.

Otro de los puntos débiles que destacaron fue la diferencia entre los jóvenes procedentes de zonas urbanas y rurales, debido a la falta de escuelas cercanas a su residencia y el difícil acceso a centros donde puedan denunciar su caso.

Los denunciantes insistieron en que la falta de sistemas de investigación y justicia "perpetúa la impunidad y permite la repetición de la violencia sexual en centros educativos".

La responsable legal del área de América Latina y el Caribe del Centro para los Derechos Reproductivos, Alejandra Cárdenas, pidió a la CIDH que asuma el tema sexual escolar como una cuestión sobre la que poner atención, que "solicite información a los Estados sobre el tema y haga un diagnóstico como parte de sus informes".

Asimismo, que exhorte a los Estados a estudiar el debido proceso en estos casos y pida campañas de sensibilización y combate de estos hechos.

La abogada Katherine Romero recordó casos como el de Paola del Rosario Albarracín Guzmán, de 14 años, quien fue supuestamente acosada sexualmente por el vicerrector de la institución ecuatoriana donde estudiaba y se suicidó tras enterarse de que estaba embarazada.

En este sentido señalaron que todavía existen estereotipos de género contra las niñas y mujeres jóvenes y "frecuentemente se transmite la responsabilidad de los hechos hacia las niñas, niños y jóvenes, con el fin de desacreditar la investigación".