El Gobierno de Perú se comprometió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a integrar en sus políticas la defensa de los derechos humanos y atendió las peticiones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de que se acabe con la "inequidad" y la "impunidad".

El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, aseguró en una audiencia ante la comisión, que celebra en Washington su 143 periodo de sesiones, que empieza una nueva etapa en Perú con una orientación en las políticas del presidente Ollanta Humala con especial "énfasis" en los derechos humanos.

"Tiene que haber un compromiso de Estado para que se comprenda que el tema de los derechos humanos es parte esencial de la política de Estado", subrayó Eguiguren.

Lo importante, dijo, es que "no sean declaraciones retóricas", sino que se materialicen en un marco de "profundo compromiso" con el afianzamiento de las instituciones democráticas, la transparencia de la gestión publica, la participación ciudadana y el respeto de los tratados y la jurisdicción internacional.

El ministro señaló que "no hace mucho tiempo las autoridades del anterior Gobierno al enfrentar problemas en el sistema interamericano, volvieron al discurso de por qué no retirarnos del sistema interamericano, como en los años 90", algo que, según dijo, "no puede estar presente en el actual Gobierno".

En este sentido, mostró la disposición de Perú de resolver los casos pendientes en la CIDH, unos 300, algunos de los cuales se están tramitando desde hace 30 años y pidió ayuda a la comisión con esta "agenda tan pesada" para buscar soluciones, ya que "no es fácil revertir las situaciones que se han dado durante años".

El nuevo Gobierno peruano considera que el tema de los derechos humanos tiene que involucrar "no sólo el tradicional aspecto" que hace referencia a los violadores y a las víctimas, sino que hay que poner "énfasis en la inclusión social" para combatir la pobreza, luchar contra la corrupción y la impunidad, dijo.

El fin de la impunidad fue una de las principales demandas que plantearon las ONG que valoraron la nueva disposición del Gobierno.

Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, pidió que se trace un "antes y después" en materia de impunidad, y pidió la apertura de los archivos de las fuerzas armadas, algo que ha sido negado por Gobiernos anteriores "que han preferido hablar de leyes de punto y final" en vez de hacer Justicia, dijo.

Cano, recordó que desde 2001 hay un caso abierto sobre la desaparición, ejecución y tortura de 507 víctimas, además de 2.000 casos de mujeres esterilizadas en los años 90 y cientos de mujeres violadas que no han recibido justicia.

Además, pidió que se emprenda una búsqueda de los desaparecidos y una política pública que fortalezca los equipos forenses para encontrar y entregar los cuerpos.

La comisionada de la CIDH Luz Patricia Mejía hizo hincapié en este aspecto, que "sería para nosotros de una relevancia vital, no sólo para Perú, sino para el resto del continente que tiene parte de la Justicia engavetada en archivos militares", según consideró.

Por su parte, Rocío Silva, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, saludó la "voluntad política al empezar este mandato" y deseó que tanto el plan nacional de Derechos Humanos como la ley de consulta a los pueblos indígenas sean aprobados y no se "empantanen" en los "laberintos burocráticos".

Eguiguren indicó que su Gobierno espera "satisfacer las expectativas creadas" y como muestra de que busca hechos, señaló que en los primeros meses el parlamento promulgó la ley que establece la consulta previa a los pueblos indígenas, que está en proceso de reglamentación, algo que "no es un tema sencillo" pero que "tiene que hacerse".

La principal tarea que se ha emprendido ya, dijo, es la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos 2011-2016 que "esperamos sea documento no solo interesante, sino útil que contenga líneas de acción que se cumplen y no sólo sean declaraciones líricas".

Además, se ha creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y espera que se apruebe una ley en el Congreso en los próximos días para que el Ministerio de Justicia se convierta en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

"Queremos que no solo sea un cambio de nombre, sino que implique una política que creando un Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, cumpla un rol vector dentro del poder Ejecutivo para que las políticas que se adopten respondan a una visión transversal de desarrollo, de la inclusión social y vigencia de los derechos humanos", dijo.

Esperan "repotenciar" además el papel del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, una entidad "bastante relegada en los últimos años" que aglutina a representantes del Estado, organizaciones civiles y derechos humanos.