Una jueza federal ordenó al gobierno de Estados Unidos que revele un documento que se anticipa demostrará por qué dispuso un programa para identificar a inmigrantes deportables después de haber sido detenidos a nivel local.

La jueza Shira Scheindlin ordenó el lunes por la noche que el gobierno entregue un memorando a más tardar el 1 de noviembre a grupos de derechos civiles y defensores de los inmigrantes que lo incluyeron en una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información.

Se anticipa que el memo explicará por qué el programa, conocido como Comunidades Seguras, era optativo para los estados y las municipalidades hasta por lo menos comienzos de 2010, pero pasó a ser obligatorio para fines de ese año.

El programa permite tomar las huellas dactilares de los detenidos arrestados localmente para compartirlas con las autoridades federales. Los críticos aducen que el programa ha hecho que los inmigrantes se resistan a denunciar delitos por temor a ser deportados.

En una declaración, los demandantes afirman que la orden de la jueza arrojará luz sobre un programa plagado de secretos y mentiras.

Los partidarios de la reforma inmigratoria dicen que Comunidades Seguras ha producido la deportación de personas acusadas de transgresiones de tránsito y otras contravenciones. Varios estados han objetado participar por considerar que la inmigración es una responsabilidad federal y no estatal.

Una portavoz del gobierno, Jerika Richardson, se negó a formular comentarios.

En su fallo, Scheindlin ordenó que el gobierno entregase por lo menos 18 versiones de lo que se ha conocido como "El memorando del 2 de octubre" con una redacción de material que no aparece en la versión definitiva del documento o que no aparece en ningún otro documento público.

Agregó que la versión definitiva debe ser entregada completa, excepto por un párrafo en la tercera página y un pie de página que lo acompaña.

El memo fue completado cuatro días antes de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo en una conferencia de prensa el 6 de octubre de 2010 que el programa Comunidades Seguras era obligatorio.