La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) urgió hoy al Estado guatemalteco a crear una legislación "específica" que proteja el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esas comunidades están "en un estado de indefensión continua", pues "no pueden acreditar su personalidad jurídica ni la propiedad por no existir una regulación para defender efectivamente la tierra y el territorio poseídos históricamente", denunció Jorge Contreras, dirigente de la Conic.

El propio Estado guatemalteco ha reconocido que el "gran problema" es la falta de un "instrumento jurídico" para proteger el derecho a la tierra de los indígenas, argumentó Contreras durante una audiencia en Washington enmarcada en el 143 periodo de sesiones de la CIDH.

Según este activista, es "urgente" regular el derecho a la propiedad comunal y "contemplar la protección y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas", que representan más del 42 por ciento de los 14,4 millones de habitantes de Guatemala.

Si no se cumplen esos requisitos, "las comunidades no gozan de protección ni de las garantías de la ley, por ser invisibles ante ella", apuntó Contreras.

En respuesta, el secretario de Asuntos Agrarios del Gobierno de Guatemala, Sergio Iván Contreras, defendió que existe un proyecto de ley para delinear "una política nacional de desarrollo rural" que está siendo estudiado en el Congreso.

Además, puso como ejemplo comunidades como la del Chilar, definida como "sujeto de derecho" dentro del registro civil de la municipalidad correspondiente.

Por su parte, Hugo Martínez, abogado representante del Estado guatemalteco, señaló que el artículo 19 del código municipal "aborda el desarrollo de la personalidad jurídica de las comunidades".

Pero el problema radica en que existe una legislación "aislada y no especializada", resaltó el líder del Conic en su turno de réplica.

"Es evidente el incumplimiento del Estado", añadió luego al denunciar que no existe "un solo fallo a nivel nacional que demuestre la personalidad jurídica de las comunidades indígenas".

Contreras pidió a la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en el continente, que elabore un informe sobre el problema y también una "visita presencial" a Guatemala de la presidenta de turno de la Comisión, Dinah Shelton.

El objetivo es que las comunidades indígenas "tengan voz" y "sean escuchadas" por la CIDH, puesto que la Conic solo puede atender un 3 % de los conflictos sobre tierra y territorio, argumentó.