Los dueños de armerías en el sur de Estados Unidos alegan que el gobierno federal no puede exigirles que reporten cuando los clientes compran varios rifles de alto poder.

El Departamento de Justicia argumentó el martes en la corte que el requisito podría ayudar a detener el flujo de armas a bandas criminales de México. Se requiere que las tiendas de armas de California, Arizona, Nuevo México y Texas le den a la Oficina Federal para el control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) información sobre los compradores que adquieran dos o más rifles semiautomáticos superiores a calibre 22 milímetros en un plazo de cinco días.

El abogado del Departamento de Justicia Daniel Reiss dijo que tener una base de datos de compradores de armas da los agentes de la ATF el poder de rastrear en minutos las ventas de armas, en lugar de realizar un esfuerzo de varios días para rastrearlas desde el fabricante, a través del vendedor y hasta el comprador. Señaló que ya se han abierto dos investigaciones en el poco tiempo que lleva vigente el nuevo requisito.

"Sin estos reportes es muy difícil identificar a estos compradores insignificantes" que están adquiriendo las armas para traspasarlas a los cárteles de drogas, agregó.

La jueza federal de distrito Rosemary Collyer puso en duda que el monitorear las ventas de armas sea una forma apropiada de detener el flujo de armamento hacia México.

El requisito fue impuesto en medio de la controversia por el operativo Rápido y Furioso de la ATF, en el cual se trató de seguir el rastro de armas adquiridas por compradores hormiga para llegar a los líderes de las redes de contrabando, los cuales han eludido desde hace mucho tiempo a las autoridades judiciales. Pero los agentes de la ATF perdieron la pista de 1.400 de las más de 2.000 armas que identificaron en el operativo Rápido y Furioso como posibles compras hormiga.

Reiss dijo a Collyer que la cantidad de armas de fuego estadounidenses en México es mucho más grande que las supuestamente involucradas con Rápido y Furioso.

Stephen Halbrook, un abogado de los distribuidores de armas J & G Sales and Foothills Firearms, con sede en Arizona, señaló previamente que las armerías sólo tenían que entregar los datos que obtienen de los compradores — incluida fecha de nacimiento, dirección, raza y género — en el curso de una investigación judicial. Dijo que los nuevos requerimientos crean un banco de datos federal sobre compradores de armas, lo que viola su privacidad.

"No negamos el hecho de que existe un problema grave (de armas pasando a México) y hay que encargarse de él", admitió Halbrook, pero apuntó que el problema debería ser combatido utilizando métodos de aplicación de la ley más tradicionales en lugar de "simplemente una búsqueda intrusiva" para recolectar datos personales de compradores sin una causa probable.

Collyer preguntó si la ATF tendría la autoridad de requerir a las armerías reportar cuando alguien compra 30 rifles de asalto AK-47, y señaló que incluso entonces el requerimiento excedería la autoridad conferida a la agencia por el Congreso y la Constitución. Pero agregó que los vendedores de armas normalmente reportarían tal venta como sospechosa.

James Vogts, abogado de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, que también está demandando a la ATF, dijo que el requerimiento aplica a 8.500 distribuidores en cuatro estados que no han sido vinculados a armas recuperadas en México. "Pienso que la decisión fue tomada precipitadamente, quizá por razones políticas", apuntó.

El requerimiento llegó entre audiencias del Congreso en las cuales la ATF admitió haber cometido errores en la operación Rápido y Furioso, un programa que se enfocó en varias armerías del área de Phoenix y que ya no está operando. El programa se divulgó después de que dos rifles de asalto comprados por un traficante de poca monta — ya arrestado — que estuvo bajo el escrutinio de la operación aparecieron en una balacera en Arizona en la que murió el agente de Aduanas y Protección Fronteriza Brian Terry.