Catorce años después de la masacre perpetrada en el municipio colombiano de Mapiripán apareció una controversia respecto a la cifra de muertos en esa matanza.

La Fiscalía siempre manejó, basada en testimonios, que entre el 15 y el 20 de julio de 1997, un grupo de paramilitares que recorrió unos 770 kilómetros en dos aviones desde el noroeste del país, llegó hasta el poblado Mapiripán, en el departamento de Meta y a 300 kilómetros al sureste de Bogotá, donde mató a 49 personas y que la mayoría de los cadáveres fueron arrojados al caudaloso río Guaviare.

Pero nuevos testimonios dados por ex paramilitares ante fiscales de la llamada Unidad de Justicia y Paz, encargada de recabar esas declaraciones de desmovilizados, mencionaron únicamente 10 víctimas en dicha masacre.

Cualquiera sea la cifra, las condenas de tribunales locales a altos militares y desmovilizados no varían porque el delito de homicidio y sus penas de prisión aplica ya sea para una personas asesinada o varias.

La fiscal Yolanda Prado, de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que recabó los nuevos testimonios de desmovilizados, dijo el martes en una entrevista con la AP que su equipo visitó la localidad donde ocurrió la masacre e hizo un estudio "por el río (Guaviare) en el año 2005 y si se observan las fotografías hay un codo que pudo haber detenido muchos cuerpos si realmente hubieran sido arrojados".

Sin embargo, al menos otros dos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que en el pasado conocieron la investigación por la masacre de Mapiripán no coinciden con Prado.

El fiscal Leonardo Cabana, quien acusó a un general y a un coronel del Ejército por los hechos de Mapiripán, indicó telefónicamente que "habrá qué ver que pruebas tiene la fiscal (Prado) para hablar de esa cifra" de 10 muertos.

Recordó que en las decisiones que él tomó, siempre manejó 49 muertos con base en pruebas testimoniales.

El abogado Eduardo Carreño, del grupo no gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", quien primero presentó en octubre de 1999 la demanda contra el Estado colombiano por la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo telefónicamente que la cifra de 49 personas asesinadas fue ofrecida por el propio jefes de esas bandas, Carlos Castaño, poco tiempo después de ocurrida la matanza.

Castaño murió a manos de sus propios hombres en 2004.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por la matanza al Estado colombiano porque "violó en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó como 'aproximadamente 49'...los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida".

Aparte de un alto número de paramilitares, la justicia procesó y condenó a un general y a dos coroneles del Ejército por los hechos de Mapiripán.