El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó la pasada medianoche una ley que prohíbe la construcción de cualquier carretera en la reserva natural del Tipnis, tras ser forzado a ello por una marcha indígena que recorrió en 66 días más de 500 kilómetros desde la Amazonía a La Paz.

Varios líderes indígenas asistieron a la promulgación mientras sus bases seguían acampadas frente al Palacio Quemado, sede de la Presidencia, en la principal plaza de La Paz, adonde llegaron el miércoles para obligar al mandatario a aceptar su demanda.

Morales dijo que cumplió "un pedido de los pueblos indígenas del oriente, que realizaron un sacrificada marcha a La Paz desde sus regiones de origen", pero insistió en que hay sectores que aún quieren esa vía de más de 300 kilómetros que empezó a construir en junio la firma brasileña OAS.

El Gobierno boliviano no ha aclarado hasta ahora qué hará con el contrato con OAS ni con el crédito de 332 millones de dólares que concedió Brasil para esa obra.

El líder del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, y el Presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, pidieron a Morales que cumpla su palabra de defender la Madre Tierra y los derechos indígenas.

"Pedimos al presidente, a todo su gabinete, respetar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir, actuar en el marco de la Constitución, las leyes nacionales, los convenios internacionales (...) De un gobierno indígena queremos que respete los derechos de los indígenas", dijo Vargas.

"Conseguimos que se atiendan todas las demandas y nos vamos con la ley como dijimos", agregó.

Los nativos del Tipnis acusan al mandatario de haber promovido la carretera para que los productores de coca de su bastión político del Chapare, vecino de la reserva, ampliaran sus cultivos de la hoja, base para elaborar cocaína.

La ley que prohíbe la carretera fue aprobada a última hora del lunes por la Asamblea Legislativa, tras un tenso debate sobre el carácter de "intangible" que propuso Morales para el parque.

Diputados indígenas pidieron que esa "intangibilidad" tenga límites, pues temen que, además de vetar la carretera, frene proyectos de desarrollo.

Los dirigentes del Tinis ratificaron que el acuerdo que impusieron a Morales no anula las demandas penales que plantean en su contra, una de ellas por el delito de "genocidio", por la brutal represión policial de la que fueron objeto el pasado 25 de septiembre.

El diputado indígena Bienvenido Zacu, disidente del oficialismo, dijo a la agencia boliviana ANF que preparan otra demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esa acción policial que hasta Morales calificó de "imperdonable", aunque no asumió responsabilidad alguna sobre la misma.

Un dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), el aimara Rafael Quispe (la misma etnia andina de Morales), declaró que en el diálogo con el mandatario le ratificaron que los delitos de la represión policial no pueden quedar impunes.

"Le dijimos de frente al presidente: los delitos no se negocian, los delitos no llegan al diálogo, ese juicio va a proseguir", dijo Quispe.