El Gobierno colombiano cerró hoy el paso a la construcción de un polémico hotel de lujo en el Parque Natural Tayrona, sobre las costas del mar Caribe, por la relación de dos familiares del presidente Juan Manuel Santos con el proyecto.

"Por eso el posible proyecto de ecoturismo en el Parque Tayrona está muerto", notificó en Bogotá el ministro colombiano de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, en una declaración a la prensa en la sede del Ejecutivo.

Pearl dijo que se reunió hoy con Santos para hablar de la iniciativa hotelera, con la que pudieron estar vinculados Felipe Santos, hermano del gobernante, y el exvicepresidente Francisco Santos (2002-2010), primo del jefe del Estado.

Algunas versiones periodísticas los han mencionado a ambos como parte del grupo de interesados en el proyecto, que es promovido por una sociedad de colombianos con la cadena tailandesa Six Senses.

Las publicaciones indican que los dos pudieron haber participado en el pasado en "algunas conversaciones relacionadas con ese posible proyecto", observó el ministro de Ambiente, aunque apuntó que ninguno de ellos tiene hoy en día vinculación ni interés con la iniciativa.

No obstante, advirtió que "desde el primer Consejo de Ministros, el presidente fue claro en afirmar que cualquier negocio o iniciativa relacionada con el Estado, en el cual hubieran tenido o tuvieran alguna participación parientes suyos, no se hace".

En consecuencia, "nosotros esperamos que los inversionistas se abstengan de presentar el proyecto", añadió Pearl.

El gobernante fue el primero en informar de este proyecto, y lo hizo a finales del pasado septiembre en el congreso anual del sector turístico de su país, celebrado en la isla caribeña de San Andrés.

La polémica la generó la divulgación de unos informes oficiales sobre la presencia o no de indígenas en el área y los antecedentes de la familia colombiana Dávila Abondano, de la sociedad Promotora Arrecifes S.A.S., responsable del proyecto del hotel, presentado como ecoturístico.

Los Dávila Abondano son propietarios de un grupo agroindustrial de la costa norte y están implicados en un escándalo de asignación irregular de subsidios gubernamentales no reembolsables y de disputa con campesinos por la propiedad de una hacienda abandonada.

A pesar de que en la zona costera seleccionada para el proyecto no existen asentamientos indígenas, los "mamos", sacerdotes de los pueblos aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta, han advertido que se sirven del área para rituales religiosos.