El ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, defendió el martes la decisión del gobierno brasileño de no participar de un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir un polémico proyecto hidroeléctrico en la Amazonia.

"Brasil es un país soberano, hace las cosas bien. Tenemos orgullo de nuestra matriz energética limpia y vamos a perseverar en ella. No estamos sujetos a la intervención de quien quiera que sea", dijo Lobao a periodistas después de participar en un seminario.

La CIDH convocó a Brasil a un encuentro el jueves en Washington para discutir la planta hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia, junto con organizaciones civiles que luchan por impedir su construcción, que ya está en marcha.

La Comisión había pedido en abril la suspensión de la construcción mientras analizaba los reclamos de comunidades de la localidad que advierten que Belo Monte tendrá un impacto destructivo para ellos.

La AP consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la ausencia de la cita del jueves pero inicialmente no obtuvo respuesta.

La ausencia brasileña de la cita fue duramente criticada por grupos ambientalistas que luchan contra la construcción de la represa hidroeléctrica.

"La decisión expone la cobardía de un gobierno que, sabiendo de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte, evita ser nuevamente reprendido públicamente por la Comisión", señaló una coalición de 10 entidades sociales y ambientalistas en un comunicado divulgado el lunes.

El diario O Estado de S. Paulo informó la semana pasada que Brasil había dejado de pagar este año su cuota de 6 millones de dólares anuales a la Organización de Estados Americanos (OEA) en represalia por la postura de la CIDH, que está adscrita a la OEA.

Sin embargo, un portavoz de la embajada brasileña en Washington indicó que la falta de pago se debió a razones presupuestarias y no a una represalia, y que la cuota será cancelada a fin de año. El portavoz no se identificó por política de la institución.

Belo Monte, que está siendo construida sobre el amazónico Rio Xingú, será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo detrás de las plantas Tres Gargantas, de China, y de Itaipú, en la frontera de Brasil con Paraguay.

Con una capacidad instalada de 11.000 megavatios, la planta es considerada por el gobierno como crucial para el futuro energético del país sudamericano.

Su construcción, valuada en al menos 11.000 millones de dólares, generó críticas de indígenas, pobladores de la zona afectada y organizaciones ambientalistas dentro y fuera de Brasil que alegan que provocará un desplazamiento masivo de habitantes y causará un grave deterioro ambiental en una zona ecológicamente sensible.

No obstante, el gobierno defendió el proyecto al asegurar que requirió un amplio estudio de impacto ambiental que llevó a reducir sus dimensiones originales para minimizar sus consecuencias ambientales, al tiempo que exigió medidas de compensación de parte de la empresa concesionaria de la iniciativa.

Entre las condiciones exigidas están la preservación permanente de 500 metros de área de bosque alrededor de los dos reservorios de agua que se formarán con la represa y una inversión de 63 millones de dólares en unidades de conservación aledañas al proyecto.