La asociación de pescadores de langosta de la etnia Miskita denunció hoy al Gobierno hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDA) por la falta de inspecciones y medidas de seguridad para garantizar su actividad, que ha causado minusvalías a más de 4.200 miskitos.

La Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI), la Asociación de Mujeres Miskitas de la Costa Atlántica (MIMAT), el Consejo de Ancianos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) interpusieron su denuncia ante la CIDH, durante su 143 periodo de sesiones.

Amisterio Bans Valeriano dio testimonio en nombre de su comunidad de las condiciones en las que trabajan los buzos -sin capacitación, sin contrato y sin seguro médico- para las compañías de pesca de langostas. En su caso durante 25 años.

En el año 2000 al subir a la superficie sufrió "un dolor en el pecho", uno de los síntomas del mal de descompresión, del que fue tratado cuatro días más tarde, cuando las normas indican que debe entrar en una cámara de alta presión de inmediato para evitar consecuencias como ceguera, sordera y en algunos casos paraplejia.

Según contó, no recibió atención médica en el barco, ni ayuda económica para poder costearse los gastos médicos y algunos compañeros le recomendaron: "no denuncies, porque te pueden mandar a matarte, en vez de pagarte el dinero".

El pescador indicó que lo que buscan es que el Gobierno ofrezca a los buzos seguridad laboral y una fuente de trabajo para los que hayan sufrido alguna incapacidad, por ejemplo, en la artesanía para poder seguir teniendo una fuente de ingresos.

Los peticionarios denunciaron una triple discriminación, porque "son indígenas, pobres y muchos de ellos en condición de discapacidad", por lo que el Estado de Honduras "está obligado a actuar para revertir la situación", señaló Gisela León, abogada de Cejil.

León denunció la "más absoluta despreocupación" de las empresas langosteras y lamentó que "el Estado conoce los altos índices de riego que genera la pesca por buceo y no toma medidas efectivas para que se haga con las garantías de seguridad" con el equipo adecuado, la capacitación y medidas como no más de cuatro inmersiones por día.

En este sentido, Marcia Aguiluz, abogada también de Cejil, señaló que desde 2001 el Gobierno hondureño tiene un reglamento para regular la pesca mediante buceo, "pero no se implementa".

"El Estado ha incumplido el deber de protección", señaló.

Aguiluz reclamó reforzar la seguridad, que los pescadores cuenten con la capacitación adecuada, que se obligue a los patrones a tomar medidas en los barcos, que tengan atención sanitaria inmediata y acceso a las cámaras hiperbáricas (las tres que hay en la zona son privadas) y que el Ministerio de Trabajo realice inspecciones.

El caso que presentaron afecta a 43 víctimas, 22 de ellas murieron, 14 sufren síndrome de descompresión (sufren dolores de cabeza crónico y pérdida del oído) y 7 murieron en la explosión de un barco.

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citado por Cejil, en 2004 indicó que unos 9.000 buzos practicaban pesca submarina de langosta, de los que el 97 por ciento había sufrido algún síndrome de descompresión y al menos 4.200 miskitos tenían discapacidad total o parcial por este problema.

Por su parte la Procuradora General de la República de Honduras, la abogada Ethel Deras Enamorado, señaló que ha habido "avances significativos" en los últimos años en materia de seguridad y las autoridades han desarrollado planes con ayuda del Banco Mundial y otras instituciones para integrar las políticas en la región.

Además, señaló que se han construido 27 centros de salud rurales e invitó a las partes a llegar a un arreglo amistoso porque "el Gobierno de Honduras ya ha tomado cartas en el asunto".