La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunciaron hoy el intenso acoso que en 2011 sufrieron muchos de los defensores de los derechos humanos, incluidos algunos en países de Latinoamérica.

En su informe anual, dado a conocer hoy, indicaron que "las revoluciones durante 2011 en el mundo árabe recuerdan a la comunidad internacional la urgencia de colocar los derechos humanos en su agenda política", al tiempo que reclamaron mayor atención "a los gritos de alerta lanzados por los defensores de los derechos humanos en el mundo, sin admitir compromisos ante el acoso que sufren".

En el documento de más de 600 páginas se detallan las situaciones de esos activistas en favor de los derechos humanos en 70 países, independientemente de que militen en organizaciones de la sociedad civil, sean periodistas, sindicalistas, abogados "o simples ciudadanos "indignados" por la injusticia, la arbitrariedad o el horror".

La presidenta de la FIDH, la tunecina Souhayr Belhassen, dijo que esos activistas "están más amenazados que nunca" y apuntó a que "la violencia sigue en Siria, Libia y Yemen. En África, Oriente Medio, Europa, América y Asia son hostigados, encarcelados y a veces torturados".

El documento, prologado por el filósofo francés Stéphane Hessel y la líder opositora birmana y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, señala que en América Latina, África y muchos países de Asia, los defensores de derechos humanos "han sido víctimas de ataques y hostigamiento, y han sufrido otro tipo de amenazas, que con frecuencia han quedado impunes".

Esas situaciones, agregan, afectan en especial a los defensores de comunidades vulnerables o marginadas, como pueblos indígenas que defienden sus derechos sobre la tierra o sus recursos naturales.

"En América Latina, por ejemplo, los líderes de movimientos de campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes son constantemente víctimas de ataques, especialmente tras protestar pacíficamente contra varios proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios", dice el documento.

Citan casos de ese tipo en Guatemala, Ecuador o Perú, en esa región, similares a otros registrados en países asiáticos, tales como Camboya, India o Malasia.

El documento apunta a que en materia de lucha contra la impunidad, en Latinoamérica "varios países tuvieron posiciones ambiguas", persistiendo los obstáculos para modificar las leyes de amnistías generales que impiden investigar las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por los distintos Gobiernos dictatoriales o durante los conflictos internos.

Entre ellos se menciona a Brasil, "cuyo Tribunal Superior de Justicia se negó en 2010 a modificar la Ley de Amnistía vigente desde 1979" y a Uruguay, donde también fracasó un nuevo proyecto que buscaba anular la llamada "Ley de Caducidad" de 1986, que impide investigar a los responsables de los abusos cometidos durante el último gobierno militar (1973-1985).

Igualmente denunciaron que en 2010 y 2011 "hubo nuevos intentos de amnistiar violaciones de derechos humanos" en Chile y Perú, al tiempo que resalta avances significativos en Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras o Bolivia.

Otra de las denuncias que afecta a la región es la referida a la "criminalización de la protesta social pacífica y la detención arbitraria de manifestantes (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Venezuela)".

También dice el documento que se discrimina abiertamente en la región a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) "y muchas veces son violentamente atacados (Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Perú), pese a algunos avances legislativos en Argentina, Brasil, El Salvador y México".

La situación de las mujeres también es tenida en cuenta por estas organizaciones que apuntan a que siguen siendo víctimas de ataques constantes, al tiempo que los feminicidios siguieron "ocurriendo impunemente".

Continuaron así, denuncian, los casos de feminicidio en México y Guatemala, al tiempo que se "han ido expandiendo por la región" y citan el caso de Panamá en 2010, donde hubo "72 asesinatos contra mujeres, 51 de ellos considerados feminicidios y hasta abril de 2011 hubo otros 19 asesinatos contra mujeres, 13 de ellos" de esa categoría.

Con respecto a Cuba, el informe indica que en 2010 el Gobierno de ese país aceptó liberar a algunos presos políticos entre los cuales se cuenta a defensores de derechos humanos en prisión desde 2003.

"Sin embargo, en 2010 y 2011 continuó el hostigamiento de bajo perfil contra las organizaciones de derechos humanos, así como los obstáculos a la libertad de reunión y la represión policial de las manifestaciones pacíficas en las cuales participan defensores de derechos humanos", agrega el documento.

También denunciaron las situaciones de activistas encarcelados "por vagas acusaciones" en China, Irán y Siria, mientras que en Turquía, algunos fueron juzgados en el marco de operaciones antiterroristas y permanecieron detenidos durante largos periodos a la espera de la celebración de los juicios correspondientes.

Además, en 2010 y 2011, hubo "asesinatos de defensores de derechos humanos en Burundi, Colombia, Filipinas, Honduras, México, la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, por mencionar algunos casos", dice el documento.