La Cámara de Comercio de Quito presentó hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Antimonopolio, aprobada a mediados de mes en Ecuador, informó el presidente de esa entidad, Blasco Peñaherrera.

El empresario explicó en rueda de prensa que la ley es, en su opinión, "inconstitucional" debido a que trató diversos asuntos, puesto que los proyectos de leyes económicas enviados por el Ejecutivo con carácter de "urgente" a la Asamblea Nacional, como la antimonopolio, deben versar sólo sobre un tema.

Esa norma incluye, entre otras materias, regulaciones a la Ley de radio y televisión y de las instituciones financieras, asunto que ahora deberá analizar la Corte Constitucional, ante la cual se presentó la demanda.

Citando la Constitución, Peñaherrera apuntó que el mercado debe ser regulado por el Estado, pero en la ley se dispone la creación de una junta reguladora "que nace de una delegación del Ejecutivo y no del Estado, por lo tanto hay una violación" de la Constitución.

El pasado 11 de octubre, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que aprobó la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, conocida como "antimonopolio", para evitar eventuales abusos de operadores económicos en el país y que restringe los negocios de banqueros y dueños de medios de comunicación.

"Ya la sancioné, me allané a todas las observaciones de la Asamblea. Ya tenemos Ley Antimonopolio, esa es una buena noticia para el país. Estados Unidos la tiene hace más de cien años, Chile hace más de 50. Sólo faltaban Paraguay y Ecuador", comentó entonces el jefe de Estado.

Apuntó que con la nueva ley se dará un "cambio en la estructura del poder en el país y en la estructura de la propiedad".

El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, en segundo debate con 67 votos a favor, 23 en contra y 34 abstenciones, luego que fuera remitida a finales de agosto por el Ejecutivo con carácter de "urgente".

Entre otros aspectos, la ley restringe los negocios de banqueros y dueños de medios de comunicación, para que se concentren en una sola actividad, normativa que había sido aprobada en mayo pasado en un referendo impulsado por el Gobierno.

Por ello, entidades o personas con negocios ajenos a la comunicación podrán mantener un máximo del 6 % de las acciones en un medio nacional y lo propio ocurrirá con los banqueros que tengan otros negocios.

En el ámbito de la comunicación, César Ricaurte, director de la organización no gubernamental Fundamedios, cree que la medida debilitará a la prensa local pues, en su opinión, no podría recurrir a los mercados de capitales para hacer inversiones o actualizar su tecnología y la pondrá en riesgo de ser absorbida por conglomerados de comunicación extranjeros.

La normativa indica que "está prohibido el abuso de poder de mercado", en cuanto a la explotación de una determinada actividad "por uno o varios operadores económicos".

La ley contiene una serie de sanciones que incluyen multas desde el 8 al 12 por ciento del volumen total del negocio a las empresas que comentan abusos de mercado.