Con 41 candidatos a las elecciones locales y regionales asesinados, los colombianos van el próximo domingo a las urnas tras una de las campañas más violentas de los últimos años y la primera con Juan Manuel Santos en la presidencia del país.

Los casos fueron documentados por la Misión de Observación Electoral (MOE), organización privada que los recogió en un informe destinado al Comité de Seguimiento Electoral (CSE, estatal), que los conoció y analizó hoy a puerta cerrada en Bogotá.

Creada en 2006 para hacer seguimiento a los procesos de comicios en el país, la organización no gubernamental (ONG) subrayó que el número de víctimas es superior en el 52 % al de igual período electoral de 2007, cuando los asesinados sumaron 27.

Entre las víctimas para las presentes elecciones había 24 aspirantes a concejal, 15 a alcalde y 2 a edil, según el informe, que los presenta dentro de un conjunto de 159 "hechos de violencia política" que se han presentado desde el pasado febrero, con la apertura de la temporada preelectoral.

El estudio precisa que los otros hechos son amenazas (88), atentados (23) y secuestros (7), y cuyo total, incluido el número de homicidios, es mayor en diez casos a los que se presentaron hace cuatro años.

En conjunto, las cifras de la MOE muestran un incremento del siete por ciento en los casos de violencia política, cifras que varían si se las compara con unas presentadas también hoy por Santos, durante un acto público en Medellín (noroeste).

"Ahora llevamos 97 hechos violentos", señaló Santos, para quien la cifra es menor en 19 casos a los 116 que se había cometido durante la misma época de 2007.

Por entonces, Santos ejercía como ministro de Defensa en el segundo Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue reelegido en 2006 por iniciativa del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U).

La formación en el poder aparece como la más afectada por los hechos de violencia, con 30 casos, y luego están los partidos tradicionales del país, el Conservador Colombiano (PCC) y el Liberal Colombiano (PLC), con 24 y 22 hechos, respectivamente.

"Hemos visto una mejora sustancial en varios aspectos de la seguridad en estas elecciones", agregó Santos tras resaltar que las fuerzas de seguridad ya desplegaron a más de 300.000 uniformados para garantizar la normalidad en los comicios en los 95.000 puestos previstos por la Organización Electoral.

A ellos podrán concurrir unos 32 millones de colombianos, para designar 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 418 diputados (legisladores regionales) y 4.627 ediles (miembros de juntas administradoras locales).

En la disputa de estos cargos figuran 100.177 políticos, según los registros definitivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la entidad estatal responsable de la identificación ciudadana y la realización de comicios.

Pero la violencia, particularmente por parte de grupos armados ilegales, no es la única amenaza para estas elecciones, que también afrontan problemas como la corrupción, con expresiones como la trashumancia y la compra de votos.

La MOE, según su directora, Alejandra Barrios, ha calculado en unos 600.000 el número de votantes que se registraron para sufragar en poblaciones diferentes de las de su domicilio habitual.

Entre ellas hay localidades que reciben sumas millonarias por explotaciones de petróleo o capitales en las que clanes políticos tradicionales buscan mantenerse en el poder mediante la compra de votos.

En Colombia, "uno de cada tres municipios tiene alguna presión que afecta el proceso electoral", afirmó Barrios en una entrevista conjunta con Caracol Radio, Caracol Televisión y el diario El Espectador.

Una parte de los riesgos se cierne sobre las poblaciones llamadas de "orden público", es decir, con fuerte presencia de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En la disputa por vía armada también están las bandas criminales (bacrim), denominación del Gobierno para los grupos de origen paramilitar que surgieron luego de la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

"Se presentan factores de riesgo, que son los que hemos mitigado, y en los 72 municipios de 'orden público' ya el operativo (de seguridad) está desplegado", declaró el ministro del Interior, Germán Vargas, al término de la sesión de la CSE.