La violencia protagonizada por encapuchados desplazó las demandas estudiantiles del primer plano, enfrentó al Poder Judicial con el gobierno y puso en aprietos al presidente del Senado por no desalojar una sede legislativa.

Los ministros del presidente Sebastián Piñera centraron sus críticas en los actos vandálicos de los encapuchados que se infiltran en el movimiento estudiantil durante sus marchas.

Giorgio Jackson, vocero universitario, anunció el lunes una "jornada de concientización" sobre las críticas a la ley de presupuesto 2012, para "volver a posicionar el tema de las demandas estudiantiles".

"Nosotros hemos mantenido nuestras demandas intactas, al gobierno le acomoda mucho más hablar de hechos de violencia", añadió.

El presupuesto 2012 para educación es de 11.650 millones de dólares, un 7,2% más que el de este año.

Los estudiantes presionan por una educación pública gratuita y de calidad y por el fin del lucro con aportes estatatles en las universidades privadas.

De los 3,3 millones de estudiantes del ciclo básico y secundario, 54% asiste a escuelas municipales, 31% a colegios particulares que reciben aportes estatales, 9% a entidades sin fines de lucro y 6% a escuelas privadas. En total son 10.500 escuelas.

De los 600.000 estudiantes terciarios, 280.000 acuden a las 25 universidades estatales y el resto a una treintena de casas de estudio privadas. Otros 500.000 van a institutos de formación técnica, y la mayoría son pobres.

La rebelión dirigida por los líderes de las universidades estatales y de colegios municipales rechaza el apoyo fiscal a los planteles privados y a las escuelas particulares subvencionadas, porque tienen fines de lucro.

Miles de alumnos de entidades municipales que perderán el año por los paros u ocupaciones de establecimientos se están matriculando para 2012 en colegios particulares subvencionados.

Frente a la demanda de gratuidad total, el gobierno dijo que apoyará con becas o créditos bancarios con aval del Estado al 40% de los estudiantes más vulnerables. Los rectores universitarios aspiran al 60 ó 70% de los alumnos.

De quienes estudian con créditos bancarios, la mayoría paga un interés promedio de 6% y sus deudas se extienden por 10 y 20 años. El gobierno propuso rebajar la tasa a un 2%, pero los líderes del movimiento rechazan la tramitación del proyecto porque no participaron en su elaboración.

La rebelión estudiantil iniciada en mayo se traduce, junto con ocupaciones de sedes de estudio y paros, en marchas semanales que, invariablemente, concluyen con violentos desmanes protagonizados por encapuchados que se infiltran entre los estudiantes, con la consiguiente represión policial.

El portavoz oficial del gobierno, Andrés Chadwick, dijo el domingo en un programa del canal privado Chilevisión que los encapuchados locales actúan coordinadamente y que tienen ayuda de grupos argentinos.

"Existe una preparación mayor de lo que aparece a primera vista... es una organización similar a la que originalmente fueron los piqueteros de Argentina", señaló Chadwick.

Afirmó que "ellos (los encapuchados) tienen apoyo desde movimientos argentinos, de gente con organización, y por eso vemos que están haciendo cosas siempre en distintos lugares para efectos de distraer la acción de la policía".

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, responsabilizó el viernes a los jueces "garantistas" de liberar de inmediato a los violentos y agregó que en los futuros ascensos de magistrados se tomarán en cuenta sus fallos, lo que despertó inmediatas críticas de parte del Poder Judicial.

El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, afirmó que "la evaluación de los jueces le corresponde exclusivamente al Poder Judicial" y que le preocupa que "esto se transforme en una campaña sistemática en contra de los jueces y que se afecte su independencia".

Ribera dijo el lunes a radio Cooperativa que "esta es una discusión propia de ignorantes, porque un juez no es mejor porque es más garantista o peor porque es más autoritario".

Piñera intervino el lunes en la disputa y llamó a los jueces a aplicar "todo el rigor de la ley contra los delincuentes" y al Congreso a aprobar un proyecto de ley que establece penas de cárcel para las ocupaciones violentas de escuelas, universidades y cualquier edificio público o privado, la obstrucción de calles y los saqueos por parte de los encapuchados.

Un grupo de jueces de garantía, en una carta enviada al periódico El Mercurio, advirtió que "seguiremos ejerciendo nuestras funciones de manera absolutamente imparcial y al margen de cualquier consideración referida a nuestras posibilidades de ascenso o del temor a las reprimendas".

Una irrupción en la sede del Senado en Santiago el jueves puso al borde la censura al presidente de la Cámara Alta, el opositor Guido Girardi, por negarse a desalojar por la fuerza a los 50 manifestantes, la mayoría estudiantes secundarios, que interrumpieron una sesión a la que asistía el ministro de Educación, Felipe Bulnes.

En medio de gritos y empujones, Bulnes debió abandonar la sala donde incluso tres muchachas se subieron a la mesa en torno a la que sesionaban.

El oficialismo adelantó que presentará una moción de censura contra Girardi.