El Senado uruguayo debatirá y someterá a votación este lunes un plan presentado por el oficialismo para considerar todos los crímenes cometidos por la dictadura (1973-1985) como delitos de lesa humanidad y evitar así la prescripción de los mismos el próximo 1 de noviembre.

La idea del gobernante Frente Amplio (FA) es que los senadores aprueben la medida y que la misma pase directamente a la Cámara de Diputados para que la medida pueda entrar en vigor antes de fin de mes.

El FA goza de mayoría parlamentaria en ambas cámaras, por lo que se estima que no habrá ningún problema a la hora de conseguir los apoyos para la medida.

El proyecto de ley consta de cuatro artículos y apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado" para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en Uruguay.

Al tiempo, declara estos delitos como "crímenes contra la humanidad, de conformidad a los tratados internacionales signados por el país", indicó la senadora oficialista Susana Dalmás.

De este modo, se evitará la prescripción automática el día 1 de noviembre de los delitos de torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura, tal y como había estipulado en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al declararlos "ilícitos comunes".

Además, la norma eliminaría las restricciones impuestas por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada por los uruguayos en dos referendos, el último en 2009, e impide juzgar los crímenes cometidos por uniformados en ese período.

"La Ley de Caducidad declaró la extinción de la pretensión punitiva del Estado para estos delitos. Esta (nueva) ley restablece al Estado esa pretensión, para volver a la normalidad en la justicia" dijo el pasado martes Dalmas durante la presentación del plan.

"No la elimina (la ley), solo la modifica en cierto punto y establece que Uruguay perseguirá los delitos de lesa humanidad cometidos entonces, que en la práctica son casi todos", agregó.

En marzo pasado, Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que lo responsabilizó de la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.

En su sentencia, la CorteIDH indicó que Uruguay está obligado a llevar ante la Justicia a los responsables de esos delitos y a considerarlos como crímenes de lesa humanidad.

Precisamente, este debate se realiza dos días después de que, durante unas excavaciones en un predio militar vinculadas a la investigación del caso Gelman, un grupo de antropólogos hallara restos humanos enterrados en cal viva.

El hallazgo de los restos, que todavía no se sabe a quién pueden pertenecer, volvió a poner en primera línea política la situación de los desaparecidos durante la dictadura y dio un "impulso" a la esperanza de sus familiares, que aún esperan que se haga justicia.