El Gobierno de Ecuador prepara su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluyó en la agenda de su periodo ordinario de sesiones una denuncia sobre supuestas violaciones a la libertad de expresión en el país andino.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que esta semana preparó, con el grupo de autoridades que defenderá al Estado, los alegatos que se presentarán el próximo martes en la sede de la Comisión Interamericana en Washington.

El organismo incluyó el caso tras recibir denuncias sobre supuestas violaciones a la libertad de expresión por parte de varias asociaciones y por el diario El Universo, con el que el presidente Correa tiene un litigio millonario.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, y el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, forman parte de la delegación del país que defenderá al Estado en la reunión de la Comisión Interamericana, según adelantó recientemente una fuente de la Presidencia.

Correa, en su habitual informe sabatino, calificó como una "calumnia" la denuncia y dijo que quienes la presentaron "creen que en función de repetirla la van a demostrar".

Para el mandatario, "la esencia de la libertad de expresión es la censura previa", cuestión que recordó está prohibida en el artículo 18 de la Constitución del Estado.

"¿Cómo van a decir que no hay libertad de expresión?", se preguntó Correa y dijo que lo que pasa es que hay ciertas empresas de información que "no quieren tener responsabilidades de decir cualquier insulto".

Los denunciantes no actúan "en defensa de la libertad de expresión sino en defensa de los bolsillos, del privilegio del capital, del privilegio de sus negocios dedicados a la información", remarcó el mandatario.

"Sabremos defender al Estado ecuatoriano el próximo martes en Washington", subrayó el gobernante, que ha mantenido un frecuente pulso con varios medios de comunicación privados, a los que acusa de manipular la información para perjudicarle.

Por contra, directivos de esos medios han advertido de que Correa, con sus ataques a la prensa, quiere acallar las críticas y viola la libertad de expresión.

En junio pasado, la relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, Catalina Botero, mostró su preocupación por el uso del derecho penal para "procesar comentarios críticos" en Ecuador.

Ese órgano también ha advertido de que las leyes de desacato pueden ser un mecanismo de "censura indirecta, dado su efecto amedrentador".

La Corte Nacional de Justicia analiza actualmente recursos presentados por los directivos El Universo y su exjefe de opinión Emilio Palacio, condenados a tres años de cárcel y a pagar 40 millones de dólares a Correa por un artículo de opinión que el mandatario consideró injurioso.

En las próximas semanas también se juzgará una demanda presentada por Correa contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El gran hermano", que recoge unas declaraciones de su hermano, Fabricio Correa, en las que dice que el mandatario sabía de los contratos que él tenía con el Estado, algo que el presidente niega.

Correa reclama a Calderón y Zurita diez millones de dólares por daño moral, aunque ha prometido anular las demandas si los encausados admiten que mintieron y piden disculpas públicas al pueblo ecuatoriano.