Un jurado declaró culpables a tres médicos de matar a cuatro pacientes al retirarles órganos, que según los fiscales fueron empleados para transplantes en una costosa clínica privada.

Marco Montemor, el juez del estado de Sao Paulo, sentenció a los médicos Rui Sacramento, Pedro Torrecillas y Mariano Fiore Junior a 17 años y seis meses en prisión.

Sacramento y Torrecillas estaban acusados de homicidio por remover ambos riñones a los pacientes y por prepararlos para su transportación. Fiore, un neurocirujano, fue acusado de complicidad por declarar incorrectamente que los pacientes tenían muerte cerebral y autorizar a que se les retiraran los órganos.

Otro neurocirujano que había sido acusado en el caso, Antonio de Carvalho Monteiro, murió el año pasado.

Sacramento se desmayó cuando la sentencia fue presentada el jueves en la noche, mientras que los familiares de las víctimas, que habían llenado la corte, lloraron y se abrazaron.

El caso, calificado por las autoridades como extremadamente complejo, requirió 25 años para llegar a un veredicto. El sistema de justicia penal de Brasil es famoso por su lentitud y no es extraño que los casos complicados requieran años o incluso décadas para que se resuelvan.

El caso comenzó el 16 de diciembre de 1986, cuando el director de la escuela de medicina de la Universidad de Taubate se dio cuenta que un hospital afiliado había realizado un transplante de riñón que no estaba contemplado, dijo el fiscal del estado de Sao Paulo, Marcio Friggi de Carvalho.

Kalume revisó los expedientes y exámenes realizados para el transplante y descubrió que había irregularidades. Después investigó al grupo de doctores y entregó la evidencia que halló al Consejo Federal de Medicina, la agencia que regula a los médicos y les da su licencia, dijo Carvalho.

Los receptores de los órganos testificaron que habían pagado hasta 41.000 dólares por los transplantes en una clínica privada y que desconocían el origen de sus riñones, dijo Carvalho.

El caso no tenía una relación clara con el tráfico de órganos, pues no había mucha documentación de las transacciones, dijo el fiscal. Por eso sólo se acusó a los médicos de la muerte de los pacientes.

Lo que sí se sabe es que los órganos pasaron de un hospital público, donde los transplantes son gratuitos y las listas de espera pueden ser largas, a una clínica privada que atendía a pacientes que podían pagar altas sumas con su propio dinero.

"No podemos decir que hubo compras y ventas de órganos, porque no hay recibos", dijo Carvalho. "Lo que tenemos es un contexto informal y obscuro que es muy problemático".

El abogado defensor Sergio Salgado Badaro dijo que no rechazaba la posibilidad de apelar el fallo.