Activistas en favor de inmigrantes dijeron el jueves que el programa Comunidades Seguras debe de ser cancelado inmediatamente, en vista de los hallazgos de un informe que sugiere la existencia de discriminación racial hacia latinos.

"Estos números no mienten. Esencialmente, este programa está conllevando a la discriminación racial por apariencia física, por eso es que tenemos tantos delitos de odio últimamente", dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, NDLON por sus siglas en inglés. "El gobierno de (Barack) Obama tiene que cancelar este programa que está separando familias y violando los derechos civiles de la gente".

La reacción de los activistas ocurrió un día después de la divulgación del estudio "Comunidades Seguras en cifras: Un análisis demográfico y del debido proceso judicial".

A través de Comunidades Seguras, policías locales notifican electrónicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) cada vez que detienen a un inmigrante que vive en el país sin autorización.

Una vez fichado, las huellas dactilares del arrestado son cotejadas con bases de datos de violaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional y de antecedentes penales del FBI. Si se confirma que el arrestado carece de autorización para vivir en el país legalmente, se inicia un proceso que suele terminar en la deportación.

El informe de 20 páginas resalta que el 93% de los arrestados mediante Comunidades Seguras fueron hispanos. Este porcentaje es considerablemente mayor al 77% de la población que vive sin autorización legal en el país, resalta el análisis.

El estudio, realizado por el Chief Justice Earl Warren Institute on Law & Social Policy, en la Facultad de Leyes de la Universidad de California en Berkeley, está basado en una muestra aleatoria de 375 personas identificadas como sospechosas a través de Comunidades Seguras y detenidas por ICE después del octubre del 2008.

Otro punto resaltante del análisis indica que unos 3.600 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por ICE a través de Comunidades Seguras, desde que inició el programa en el 2008 hasta abril del presente.

Jennie Pasquarella, abogada de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, dijo que "están arrestando a gente sin causa probable sólo para darse cuenta después que ellos no deberían enfrentar la deportación. Eso demuestra que no existen las debidas medidas de seguridad para ver quien debe ser deportado y quien no".

A criterio de Pasquarella, "estas son serías violaciones de derechos civiles que cuestionan lo que este programa está haciendo".

El número de deportaciones ha aumentado en más de 400% desde 1996 y más de un millón de personas han sido deportadas desde el inicio del gobierno de Obama, de acuerdo con el estudio. Actualmente, unas 300.000 personas están en proceso de deportación, indica el análisis.

La vocera del ICE, Gillian Christensen, dijo en un comunicado que el estudio "no reconoce la manera como el programa ha mejorado la seguridad pública ni la responsabilidad fundamental que tiene ICE, como agencia encargada de hacer cumplir el orden, para hacer determinar quien vive en el país ilegalmente y quien tiene estatus legal".

La agencia federal también dijo que no arresta ciudadanos estadounidenses y que enfoca sus recursos en la identificación y deportación de personas que está cometiendo delitos graves".

Comunidades Seguras también ha afectado a unas 88.000 familias a través de sus detenciones o deportaciones, agrega el reporte. Más del 39% de los arrestados dijeron tener una esposa o hijo estadounidense, indica el estudio.

La mayoría de los deportados o detenidos serían hombres jóvenes, sugiere el informe. El 93% de las personas analizadas fueron hombres, con una edad media de 29 años, agrega el estudio.

"Estas son más evidencias, razones por las que Comunidades Seguras debe de ser anulada", dijo Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles. "Hemos sido pacientes, pero ya se nos acabó la paciencia".

Las cifras usadas en el estudio fueron obtenidas gracias a un pedido a través de la Ley de Libertad de Información hecho por NDLON, El Centro para los Derechos Constitucionales y la Clínica para la Justicia Migratoria Kathryn O. Greenberg, en la Facultad de Leyes Benjamin N. Cardozo.

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E.J. Támara está en Twitter como @ejtamara