La alianza opositora venezolana denunció hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el caso del líder político Leopoldo López, que sigue inhabilitado después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considerara no ejecutable una sentencia de la CorteIDH, y dijo que espera una pronta respuesta.

"Lo que queremos es poner una vez más en evidencia esta situación y advertirle tanto a la OEA como a sus miembros la situación que estamos viviendo en Venezuela", dijo a Efe el coordinador de asuntos internacionales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina.

La MUD elevó la denuncia al secretario general del organismo interamericano, José Miguel Insulza, en una carta en la que califica de "inaceptable" el "desacato" del TSJ a la sentencia de la CorteIDH que, según el texto, "burla" los compromisos internacionales suscritos por Venezuela.

"Aspiramos a que haya una respuesta pronto. Ya el propio secretario general manifestó preocupación sobre el tema", expresó Medina.

Aludió así a unas declaraciones de Insulza reflejadas a principios de mes por la prensa local en las que exhortaba al Estado venezolano a acatar la sentencia y señalaba que la "única forma" de evadirla es denunciando el tratado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

López, que fue alcalde de un rico municipio caraqueño, ratificó ayer sus aspiraciones presidenciales, lo que conlleva presentarse a las primarias opositoras para participar en los comicios de 2012, pese a que la justicia venezolana decidió mantener la inhabilitación para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en 2008.

La Sala Constitucional del TSJ declaró el pasado lunes como no ejecutable la sentencia de la CorteIDH, que ordenó a Venezuela "dejar sin efecto" las resoluciones del contralor que inhabilitaron a López, bajo el argumento de que el fallo choca con la Constitución del país.

Medina explicó que, con base en la Carta Interamericana Democrática, la OEA tiene la posibilidad de "intervenir en estos procesos y obligar a las instituciones venezolanas a cumplir con las normas que establecen las convenciones y tratados internacionales".

"La intervención más efectiva que puede hacer la OEA es convertir a Venezuela en un Estado forajido, que no responde a las obligaciones que tiene contraídas a nivel internacional, y (...), entre otras consecuencias, calificaría a Venezuela como un Estado totalitario y no democrático", comentó Medina.

La decisión de inhabilitar a López fue tomada por la Contraloría venezolana en agosto de 2008 por dos casos de supuesto mal uso de los recursos: uno en 1996 en la petrolera estatal PDVSA y otro en la Alcaldía de Chacao en 2004.