Caroline Roa nació en Florida, se graduó de una escuela secundaria de Miami y tiene carné electoral y licencia de manejo del estado. No obstante, cuando fue a matricularse a la universidad se le dijo que tenía que pagar la tarifa de colegiatura asignada a quienes no son residentes de Florida. ¿La razón? Su padre es un inmigrante que vive ilegalmente en el país.

"Siempre se me dijo que si trabajaba duro y lo hacía bien en la escuela, podría obtener una beca universitaria", comentó. "En lugar de tener la oportunidad de tener éxito como lo tienen otros residentes de Florida, mis esfuerzos fueron bloqueados injustamente", señaló.

La organización defensora de los derechos civiles Southern Poverty Law Center (Bufete de Abogados para los Marginados del Sur) presentó el miércoles una demanda grupal en representación de Roa y otros cuatro estudiantes que nacieron en Estados Unidos. En cada caso, el estatus de inmigración de sus padres significó que fueran clasificados como "no residentes" y que se les cobren tarifas significativamente más altas.

Roa tiene ahora dos empleos, en lugar de asistir a la universidad.

"Esto no es correcto ni justo, y no son los Estados Unidos que yo conozco", enfatizó.

La demanda fue presentada contra funcionarios de educación de Florida y argumenta que la política discrimina a ciudadanos y viola la Constitución. El Southern Poverty Law Center calcula que a cientos de estudiantes les están cobrando más y miles más, como Roa, no tienen los recursos para pagar la colegiatura para no residentes del estado y se privan de una educación universitaria.

"Esta política está dañando a decenas de jóvenes floridanos que están tratando de asistir a la universidad", dijo Miriam Haskell, una de las principales abogadas de la organización. "Ellos quieren ser médicos, quieren ser maestros, quieren proveer a sus familias y apoyar a la comunidad; y esta es su comunidad", añadió.

Una vocera del sistema universitario estatal dijo que no habían recibido una copia de la demanda y que no podía hacer comentarios al respecto. La Junta de Educación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la AP.

La política de Florida ha existido desde hace varios años, pero el Southern Poverty Law Center dijo que su demanda grupal representa la primera impugnación jurídica de la misma.

California tenía un lineamiento similar en el cual a los ciudadanos hijos de inmigrantes sin permiso de estancia en el país se les cobraban matrículas como no residentes del estado, pero el asunto fue resuelto a favor de los estudiantes a través de un decreto. De modo semejante, en Colorado, el fiscal general emitió una opinión formal en el 2007 determinando que los residentes legales del estado eran elegibles a las colegiaturas del mismo, aun si sus padres residían en el país de manera ilegal.

"Debido a que es el estudiante, y no los padres, el beneficiario legal del estatus de colegiaturas del estado, el hecho de que los padres quizá estén en el país ilegalmente no es un impedimento para que el estudiante reciba ese beneficio", determinó el fiscal general John W. Suthers en respuesta a una pregunta del Departamento de Educación Superior de Colorado.