El oficialista Frente Amplio (FA) presentó hoy en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley para evitar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), cuyo plazo legal para ser juzgados caduca el próximo 1 de noviembre.

Según explicó a Efe la senadora del FA Susana Dalmás, este proyecto se debatirá a lo largo de la semana en el Senado, en donde si todo sale como está previsto será aprobado con los votos de su partido el próximo lunes y pasará a la Cámara de Diputados, donde también sería apoyado por todos los diputados de la coalición de izquierdas para entrar en vigor antes de fin de mes.

El proyecto, que consta de cuatro artículos, apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado" para todos los delitos cometidos por el aparato del Estado desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en Uruguay, al tiempo que declara los mismos como "crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales signados por el país", indicó la legisladora.

De este modo se evitará la prescripción automática el día 1 de noviembre de las torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura, tal y como había estipulado en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay en mayo pasado al declararlos "ilícitos comunes" y no delitos de lesa humanidad.

Además, la ley eliminaría las restricciones impuestas por la ley de Caducidad, que impide juzgar los crímenes cometidos por uniformados en ese período, a la hora de investigar y actuar contra los mismos.

"La Ley de Caducidad declaró la extinción de la pretensión punitiva del Estado para estos delitos. Esta ley reestablece al Estado esa pretensión, para volver así a la normalidad en la justicia. No elimina la Caducidad, solo la modifica en cierto punto y establece que Uruguay perseguirá los delitos de lesa humanidad cometidos entonces, que en la práctica son casi todos", dijo la senadora.

Desde hace varios días, el presidente del FA, Jorge Brovetto, impulsa un acuerdo con las restantes fuerzas políticas parlamentarias para llegar a un consenso sobre la medida, al tiempo que en la interna del partido se buscó un acuerdo para procesar la iniciativa con rapidez en el Parlamento.

Con esto, se intenta evitar un nuevo fracaso como el ocurrido en mayo pasado, cuando la coalición intentó eliminar la Ley de Caducidad y falló por la oposición de un diputado oficialista.

El pasado marzo, Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que lo responsabilizó de la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.

En su sentencia, la CorteIDH indicó que Uruguay está obligado llevar ante la Justicia a los responsables de esos delitos y a considerarlos como crímenes de lesa humanidad.