El presidente Felipe Calderón afirmó el lunes que las 61 personas rescatadas por soldados mexicanos en la localidad fronteriza norteña de Piedras Negras son migrantes, incluidos uno de Honduras, que se encontraban cautivos del crimen organizado.

El ejército informó el domingo que los 61 secuestrados eran obligados a trabajar para la delincuencia organizada. Tres presuntos plagiarios fueron detenidos, se reportó.

Durante la inauguración de la semana nacional de migración en la capital mexicana, el presidente señaló que algunos de los plagiados fueron "vejados" y permanecían retenidos en espera de que sus familiares pagaran ciertas sumas monetarias por ellos.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó el lunes en un comunicado que inició una investigación contra los tres detenidos por tráfico de personas.

La dependencia refirió que los migrantes eran interceptados afuera de la central de autobuses de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, donde les prometían cruzarlos hacia Estados Unidos a cambio de pagos que oscilaban entre 600 y 3.000 dólares.

La PGR no refirió si los tres detenidos serían parte de algún cartel de las drogas, que en los últimos meses han sido señalados de haberse involucrado en el plagio de migrantes.

En Tamaulipas, otro estado fronterizo norteño de México, militares y policías han reportado en meses anteriores la liberación de migrantes y en algunos casos se ha señalado específicamente al cartel del Golfo detrás de algunos de los secuestros.

Algunos policías locales e incluso agentes de migración han sido detenidos por su presunta participación en la privación de la libertad de los migrantes.

Uno de los peores hechos de violencia contra migrantes ocurrió en agosto de 2010 en Tamaulipas, cuando fueron asesinados 72 de ellos, presuntamente a manos del miembros del cartel de las drogas de Los Zetas.

En el último reporte sobre el tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó este año que había documentado el secuestro de al menos 11.333 migrantes entre abril y septiembre de 2010, casi la mitad de los cuales fueron hondureños.

El presidente señaló que los migrantes suelen verse forzados a moverse de manera clandestina, lo cual los hace más vulnerables a situaciones de riesgo, por lo cual México ha emprendido en los últimos años una serie de modificaciones legales tanto para despenalizar la migración de personas sin documentos como para proteger los derechos humanos de las personas, sin importar su estatus migratorio.

Además, dijo que su gobierno ha emprendido un proceso de depuración del Instituto Nacional de Migración (INM), que en diversos momentos ha sido señalado de actos de corrupción.

Calderón refirió que sólo de octubre del 2010 a la fecha han sido dados de baja más de 200 funcionarios del INM.

"Cualquier expresión de abuso y de corrupción es simple y sencillamente intolerable", dijo.

El viernes, el gobierno anunció el despido de 121 agentes de migración que trabajaban en siete de los 32 estados del país.