La audiencia judicial programada para hoy en Guatemala para definir la apertura de juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en contra del general retirado Héctor Mario López Fuentes fue suspendida por supuestos inconvenientes de salud del militar.

La jueza Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo de Guatemala, dijo a los periodistas que el imputado "no se encontraba en pleno uso de sus facultades" por lo que decidió suspender la diligencia judicial.

Flores pretendía realizar la audiencia en el Hospital Militar, ubicado en el norte de la capital, en donde López Fuentes se encuentra internado con vigilancia policial desde hace dos meses, donde se recupera de supuestas enfermedades crónicas.

López Fuentes, de 81 años, se encontraba "en estado de inconsciencia" lo que obligó a la jueza a suspender la diligencia.

Esta es la tercera vez desde junio pasado, cuando el militar retirado fue detenido, que se debe suspender la audiencia en la que se decidirá si se inicia juicio en su contra, debido a los supuestos padecimientos que le aquejan.

El general retirado, quien fue jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 1982 y 1983, es acusado por la Fiscalía de Derechos Humanos de genocidio y crímenes de guerra durante el conflicto armado que padeció Guatemala entre 1960 y 1996.

La Fiscalía le imputa su autoría intelectual en al menos once matanzas colectivas perpetradas por las Fuerzas Armadas en poblaciones indígenas del departamento de Quiché, en el norte de Guatemala.

Por este hecho también son procesados el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar, quien fue detenido esta semana en un sector residencial del este de la capital guatemalteca.

Así como el general golpista y ex gobernante de facto Óscar Mejía Víctores, quien el jueves fue declarado "prófugo de la justicia" tras evadir los operativos realizados por las fuerzas de seguridad para capturarlo.

La Asociación para la Justicia y Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos acusaron en un comunicado a López Fuentes de "evadir la justicia" por medio de "un acto repudiable".

"A pesar de no haberse podido realizar la audiencia, no cesaremos en exigir justicia y perseguir penalmente a uno de los mayores responsables intelectuales del genocidio. Este obstáculo más no será el motivo para detenernos. Continuaremos diciendo la verdad, recuperando nuestra memoria y caminando hacia la justicia", señalaron.

La guerra interna que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.