El populoso municipio de Soacha, a las afueras de Bogotá, es refugio de miles de colombianos huidos de la violencia que les obligó a abandonar sus hogares y ahora buscan iniciar una nueva vida en paz, en muchos casos desde el anonimato.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional cifra en casi 34.000 las víctimas del desplazamiento forzoso en Soacha, dato que no refleja toda la realidad dado que muchos no oficializan ni registran su situación por miedo a represalias, según constató Efe.

Entre calles sin asfaltar y apenas servicios públicos, estos desplazados, la mayoría antiguos campesinos que cultivaban la que entonces era su tierra, ahora intentan adaptarse a una vida urbana con pocas oportunidades y donde todavía sienten la presencia de los grupos armados.

"Tanto de un lado como de otro, siempre la víctima es el campesino, que lo dejan en medio de los dos fuegos y lo están obligando a desplazarse a las ciudades", asegura a Efe un padre de familia que prefiere no ser identificado y quien se lamenta porque "los campos se están quedando solos".

"Los bandos armados, llámense como se llamen, no han tenido en cuenta, de pronto, que el campesino juega un papel muy importante en el campo", argumenta este hombre que llegó a Soacha hace tres años.

Y es que la violencia que ha obligado a abandonar sus casas a unos cinco millones de colombianos, según datos de la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y del Desplazamiento (Codhes), persiste en lugares como Soacha, donde la pobreza se suma al miedo.

La vida en este municipio, con alrededor de medio millón de habitantes, contrasta con la de muchos bogotanos que a sólo unos kilómetros disfrutan de grandes lujos, en zonas adonde estos desplazados acuden cada día a mendigar en los semáforos y vender flores o frutas en las calles.

Hasta 2005 apenas hubo presencia del Estado en Soacha; fue entonces cuando se creó la Casa de los Derechos, dependiente de la Defensoría del Pueblo y que brinda apoyo social y asesoramiento jurídico a los desplazados.

"Los derechos humanos se estaban vulnerando completamente en la zona, había desplazamientos intraurbanos, estaban matando líderes, estaban matando jóvenes", relata a Efe la coordinadora de la Casa de los Derechos, Claudia Pabón.

Y es que Soacha precisamente es el símbolo de lucha de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos a manos del Ejército, que tras secuestrarlos y asesinarlos los presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios de sus superiores.

Un gran escándalo que saltó a la opinión pública en 2008 y que se conoce como "falsos positivos": más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales documentadas en todo el país y que la Fiscalía investiga.

El drama de Soacha es el que llevó al maestro Nelson Pájaro, quien llegó desplazado desde la caribeña ciudad de Barranquilla a construir, por iniciativa propia, una escuela para 151 menores.

"Tengo muchos niños que han perdido a sus papás, que los han matado aquí mismo en el barrio, que se los han masacrado y que quedan solos, entonces lo único que tienen es este espacio", explica Pájaro, director de la corporación social Fe y Esperanza.

Y esto en medio de un gran desafío, ya que el Ministerio de Educación no legaliza los certificados de su escuela, pero Pájaro insiste porque "el estudio no da plata pero sí da una oportunidad en la vida".

Esta hazaña no le ha hecho perder la esperanza de volver a su natal Barranquilla, posibilidad que podría verse favorecida con la reciente aprobación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que pretende resarcir a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado de casi medio siglo.

Las dudas están en su aplicación debido a que muchos de los desplazados nunca titularon sus tierras y al temor a que los grupos armados no permitan el retorno.

Elisa Barragán Méndez