Dos organizaciones indígenas plantearon un juicio para el presidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de genocidio por su supuesta responsabilidad en la represión policial contra la marcha de amazónicos que se oponen a la construcción de una carretera, informó hoy el abogado de las instituciones.

El letrado Alejandro Romero dijo a Efe que la demanda de un juicio de responsabilidades fue presentada el viernes ante la Fiscalía General, con sede en la ciudad sureña de Sucre, que cuenta con un mes de plazo para pronunciarse sobre la acusación.

Explicó que el artículo 138 del Código Penal señala que por el delito de genocidio no solo se juzga a quienes exterminan a un pueblo, sino también a los que les provocan lesiones graves o tratos inhumanos como en la represión policial del pasado 25 de septiembre.

La demanda, presentada a nombre de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia y la Asamblea del Pueblo Guaraní, incluye a varios altos funcionarios y jefes policiales y, además, menciona otra decena de supuestos delitos cometidos ese día.

La demanda incluye las denuncias de tentativa de asesinato, lesiones graves, robo agravado, maltrato infantil, racismo, discriminación y resoluciones contrarias a la Constitución.

Entre los acusados están el vicepresidente Álvaro García Linera, los ministros de la Presidencia, Carlos Romero; de Justicia, Nilda Copa, y de Obras Públicas, Walter Delgadillo, y el exministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, quien renunció a su cargo, tras la ola de criticas desatada por la actuación policial.

También fueron denunciados el comandante de la Policía Nacional, general Jorge Santiesteban, y otros cinco oficiales, entre ellos el que ejercía como subjefe de la institución, general Oscar Muñoz, que fue suspendido de su cargo hace unos días.

Se trata de la segunda demanda por genocidio contra Morales, luego de la presentada hace dos semanas por diez parlamentarios opositores, también a propósito del violento operativo policial que el mismo mandatario calificó de "imperdonable".

Tras la represión, los indígenas reorganizaron su marcha y hoy se encuentran cerca de La Paz, donde prevén llegar la próxima semana para exigir que se frene definitivamente la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), una reserva ecológica del centro del país.

La movilización ingresará a la ciudad para aumentar la presión contra Morales que ha anunciado varias veces su determinación de construir esa carretera que está financiada por Brasil y a cargo de la constructora brasileña OAS.