Brasil no restringirá ningún derecho garantizado por la legislación durante el Mundial de fútbol que organizará en 2014 para atender las peticiones de la FIFA, afirmó hoy el ministro brasileño de Deportes, Orlando Silva.

"No restringiremos ningún derecho. No alteraremos por ejemplo el derecho de los ancianos (mayores de 60 años) a pagar la mitad del valor de la entrada para ingresar a un estadio", afirmó Silva en una entrevista con diferentes medios de comunicación en Guadalajara, donde participará esta noche en la inauguración de los Juegos Panamericanos de 2011.

El ministro aseguró que las relaciones entre el gobierno brasileño y la FIFA están cada día mejor pese a las críticas de la rectora mundial del fútbol a algunas de las normas del proyecto de la Ley del Mundial que la presidenta Dilma Rousseff sometió a consideración del Congreso.

La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) se opone, por ejemplo, a la concesión de descuentos en las entradas a ancianos y estudiantes de escuelas públicas y a la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los estadios, y exige mayores castigos a quienes practiquen la piratería de marcas y productos vinculados al Mundial.

"Brasil considera que todos los compromisos asumidos con la FIFA fueron incluidos en el proyecto de ley, pero hay una discusión jurídica sobre algunas interpretaciones del proyecto", afirmó.

"Pero no basta que un abogado de la FIFA cuestione la ley para que la cambiemos. El país tiene una constitución y diferentes leyes que tienen que ser respetadas", agregó.

Silva aseguró que algunas de las dudas que tenían los abogados de la FIFA fueron resueltas en una reunión que tuvieron ayer en Brasilia técnicos de ambas partes.

"Si quedan otras dudas, las examinaremos durante la discusión del proyecto de ley en el Congreso porque nos interesa tener una relación estable con la FIFA y nos interesa organizar un Mundial con seguridad jurídica", afirmó.

Según una fuente del Ministerio consultada por Efe, además de aclarar dudas, los técnicos del Gobierno le pidieron a la FIFA que negocie separadamente con las autoridades de las doce ciudades sede sobre legislaciones regionales que la entidad cuestiona.

La fuente aclaró que la legislación que prevé la media entrada a los estadios para estudiantes de escuelas públicas es de algunas regiones y no nacional, así como las normas que prohíben el consumo de alcohol en escenarios deportivos.

La reunión de ayer fue acordada en el encuentro que Rousseff tuvo hace dos semanas en Bruselas con el secretario general de la FIFA, Jérome Valcke, para abordar las divergencias entre ambas partes.

Diferentes sectores brasileños han acusado a la FIFA de querer violar la soberanía del país con sus imposiciones.

"La FIFA va a tener billonarias ganancias y no quiere reducirle la entrada a los ancianos. Ley es ley y tiene que ser cumplida. Brasil tiene que parar con ese negocio de ser esclavo de la FIFA. La soberanía tiene que ser respetada", reclamó recientemente el exfutbolista y ahora diputado federal Romario.

Silva dijo que, pese a que Brasil tiene que defender sus intereses y la FIFA los suyos, las relaciones entre ambos son positivas y productivas, ya que tienen el mismo objetivo que es organizar un Mundial ejemplar.

Agregó que tras el encuentro en Bruselas el propio Valcke descartó que Brasil pueda perder su derecho a organizar el Mundial.

Interrogado sobre si la FIFA se había convertido en un socio incómodo de Brasil por las acusaciones de corrupción contra la entidad, Silva aclaró que el Mundial es un evento de propiedad de la FIFA y que Brasil lo organizará para poder promover el país.

"Tenemos una relación institucional. Lo importante es que los compromisos de ambas partes sean cumplidos", dijo Silva al aclarar que el gobierno ha sido cuidadoso para garantizar la transparencia de sus gastos con el Mundial.

"Así como queremos hacer el Mundial más verde de la historia, también queremos hacer el Mundial más transparente", afirmó.