El primer ministro ucraniano, Nikolái Azárov, defendió hoy la apertura de una segunda causa penal contra la líder opositora, Yulia Timoshenko, quien ya fue condenada esta semana a siete años de cárcel por abuso de poder.

"Si los órganos correspondientes incoaron tal expediente, significa que tenían fundamentos para incoarlo. ¿Qué debían hacer? Aparentar que no lo sabían, que no se dieron cuenta", dijo Azárov, citado por las agencias locales.

Azárov subrayó que alguien debe responder por la deuda de 405 millones de dólares exigida al Gobierno ucraniano por el Ministerio de Defensa ruso.

"¿Quién debe responder? Aquellos que tomaron esas decisiones y quienes cargaron esa deuda sobre el país y el Estado", señaló Azárov, que precisó que si las fuerzas de seguridad hubieran "cerrado los ojos" habrían tenido que pagar por ello.

En la misma línea, la Fiscalía General ucraniana aseguró que la decisión del Consejo de Seguridad de Ucrania (CSU) de abrir una nueva investigación en virtud del artículo 191 del código penal es "absolutamente legal".

Timoshenko, que se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de agosto pasado, podría ser condenada a hasta 12 años de cárcel por ese segundo caso.

La ex primera ministra fue interrogada ayer por vez primera por el CSU, pero Timoshenko interrumpió el interrogatorio, aduciendo que no cooperará con la Justicia sin la presencia de su abogado.

El CSU informó hoy de que el interrogatorio se reanudará este lunes en prisión.

Timoshenko es acusada de malversar 405 millones de dólares en los años 90 del pasado siglo durante su etapa como presidenta de la corporación Sistemas Energéticos Unidos de Ucrania en connivencia con el entonces primer ministro de Ucrania, Pável Lazarenko.

Los abogados de Timoshenko anunciaron que recurrirán la próxima semana la condena de siete años de cárcel y tres de inhabilitación contra su defendida, fallo que tacharon de "un completo absurdo".

Timoshenko, que ha sido también condenada a pagar casi 200 millones de dólares en concepto de reparación, acusa al presidente, Víctor Yanukóvich, de haber orquestado la campaña de persecución política contra su persona.