Un policía y dos civiles resultaron heridos de bala cuando un grupo de campesinos que mantenían bloqueada una carretera del norte de Nicaragua en protesta por carecer de documentos para votar en los comicios generales de noviembre, se enfrentaron a tiros con uniformados que intentaron desalojarlos.

La policía informó en un comunicado que cerca de la medianoche del martes se presentó para aplacar una manifestación registrada en una carretera a la altura de la población de San Juan de Río Coco, a unos 155 kilómetros al norte de Managua.

La carretera era obstaculizada por grupos de campesinos que reclaman al Consejo Supremo Electoral (CSE) porque aún no les entregan sus cédulas de identidad para votar en los comicios presidenciales y de diputados del seis de noviembre, indicó el comunicado.

En conferencia de prensa el magistrado del CSE, José Marenco, consideró el jueves que los incidentes como el ocurrido responden a "acciones desestabilizadoras" de miembros del Partido Liberal Independiente (PLI) que postula al empresario radial Fabio Gadea, segundo en las encuestas después del presidente Daniel Ortega.

Marenco reconoció que en las provincias de Nueva Segovia y Madriz donde se han dado los últimos incidentes hay unas 4.000 cédulas sin entregar pero pueden ser retiradas "en cualquier momento" por sus dueños.

Gadea no pudo se contactado de inmediato para que respondiera a la acusación formulada por el magistrado, pero más temprano dijo que con la "tonta actitud de no entregar las cédulas el Consejo Supremo Electoral está cerrando los caminos democráticos del país".

La presidenta del PLI en San Juan de Río Coco, Daysi Balladares, dijo telefónicamente a la AP que se trató de "una protesta del pueblo, de ciudadanos de todos los partidos no sólo del PLI".

Roberto Petray, presidente de la Comisión Nicaragüense de Derechos Humanos (CNDH), dijo telefónicamente a la AP que preparaba una protesta ante la jefatura Nacional de la Policía porque "sus fuerzas actuaron con brutalidad durante el desalojo".

Petray dijo que el jefe policial regional, comisionado José Antonio Dolmuz "tuvo en sus manos una solución pacífica" pero se levantó abruptamente de una reunión que sostenía la tarde del martes con delegados de los protestantes y de las iglesias católica y evangélicas de la región, para negociar la apertura de la vía, para ordenar el desalojo.

"La represión fue tan violenta que hubo disparos de arma de fuego y uso de bombas lacrimógenas que hicieron huir a los campesinos a las montañas. Algunos de ellos van lesionados o heridos", dijo.

Según Petray, 35 campesinos fueron arrestados y actualmente unos 200 policías antimotines controlan el poblado.

Vilma Núñez, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos dijo que envió una comisión del organismo para investigar los hechos.

En la víspera, la policía arrestó a ocho personas en Ciudad Antigua, provincia de Nueva Segovia, 165 kilómetros al norte de esta capital, durante otro incidente violento entre reclamadores de cédulas y grupos sandinistas.

La policía dijo en su nota de prensa que "realizará las acciones necesarias para restablecer el orden público y normalizar la situación en la zona" e hizo un llamado a los líderes de las protestas "a actuar con madurez, responsabilidad y cordura".

La presunta retención de cédulas por parte del CSE ha causado fuertes protestas de la población en varias regiones del país entre ellas San Fernando y Teocacinte en la misma región norte del país. Protestas similares pero sin violencia han ocurrido en Managua y otra ciudades.

Ortega aparece como favorito para la reelección en las encuestas pre electorales, seguido por Gadea y el ex presidente Arnoldo Alemán (1996-2001).

Ortega consiguió que la Corte Suprema de Justicia, dominada por magistrados afines al oficialismo, declararan no aplicable una norma constitucional que le impedía acceder a un nuevo mandato consecutivo.