En una tienda de campaña cerca del Parlamento de Kabul, la afgana Semin Barakzai ha cumplido trece días en huelga de hambre en protesta por la decisión judicial de excluirla de la Cámara debido a un supuesto fraude electoral.

"Mi huelga de hambre será hasta la muerte si no se me reinstaura como parlamentaria", dijo a Efe con voz débil la ex diputada, de 32 años, cuyo estado de salud se deteriora con el paso de las horas y que se dice víctima del intrincado tablero político de su país.

Barakzai es una de los nueve miembros del Parlamento destituidos el pasado verano tras las acusaciones de fraude en las legislativas de 2010, aunque no falta quien ve en la expulsión un intento del presidente Hamid Karzai por lograr un Parlamento más dócil.

Las elecciones afganas tuvieron lugar el 18 de septiembre de 2010 para elegir a los miembros de la Cámara Baja, conocida como Wolesi Jirga, pero tras el recuento la Comisión Electoral invalidó por irregularidades 1,3 de los 5,6 millones de votos emitidos.

La invalidación condujo a la descalificación de más de una veintena de ganadores preliminares, entre ellos un primo de Karzai.

Con vistas supuestamente a investigar el fraude, el presidente formó meses después un tribunal especial, que dictaminó que 62 de los diputados habían obtenido su escaño de manera irregular, pero la Comisión Electoral confirmó en agosto sólo nueve de esos casos.

"Tras estudiar el asunto, la comisión ha decidido que nueve diputados, que tienen el menor número de votos en sus provincias de referencia, no han logrado de forma legítima el escaño", dijo entonces el jefe de la instancia, Fazel Ahmad Manawi.

Uno de esos diputados es Barakzai, que procede de la provincia occidental de Herat, fronteriza con Irán, y a quien según su marido, Mohamed, el presidente Karzai le ha prometido que volvería a estudiar la expulsión para encontrar una solución a su demanda.

El presidente, sin embargo, no ha vuelto a ocuparse del asunto, que no ha generado atención en los mentideros ni medios locales.

Aparte de algunos funcionarios y antiguos compañeros, el único dirigente del liderazgo afgano que ha visitado en su tienda a la languideciente Barakzai es el segundo vicepresidente, Karim Jalili, aunque quiso precisar que lo hacía a título personal.

Barakzai está sufriendo problemas de "riñón y gastritis", de acuerdo con un funcionario del Ministerio de Sanidad, pero hasta ahora la Comisión Electoral afgana se ha desentendido también de su situación y mantiene que no se siente aludida por el asunto.

"No nos hacemos responsables de que Barakzai pueda morir de hambre", advirtió recientemente en una rueda de prensa el jefe de la Comisión Electoral, que defendió la limpieza de la decisión de la instancia y dijo estar dispuesto a ofrecer "pruebas" de ello.

Manawi respondía en realidad a la propia Barakzai, que había escrito una carta en la que responsabilizaba de su hipotética muerte a Karzai, el vicepresidente primero Mohamed Fahim y al jefe de la Comisión Electoral, Fazel Hadmad Manawi.

Los partidarios de Barakzai piden que el caso sea supervisado por la Misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), que ya ha enviado una delegación para interesarse por su estado; los miembros del grupo, no obstante, han rechazado hablar con la prensa.

"No hay ley ni justicia. No merece la pena que Barakzai dé su vida por esto. ¿De verdad debería morir?", se preguntó en declaraciones a Efe la activista de derechos humanos Fatana Gilani, una de las pocas voces que defiende el caso de la ex diputada.

La huelguista, entretanto, afirma que "si se demuestra que cometí fraude, estoy dispuesta a devolver los salarios que ya he cobrado".

Por Fawad Peikar.