Cientos de funcionarios griegos han bloqueado hoy el acceso a diversos ministerios en protesta contra una nueva ley que recorta 30.000 empleos públicos hasta finales de 2011 y reduce sueldos y pensiones.

Desde primera hora, empleados de los ministerios de Economía, Finanzas, Desarrollo, Interior, Agricultura y Reformas Administrativas bloquearon el acceso a los inmuebles impidiendo cualquier actividad laboral.

También a partir de las cinco de la madrugada de mañana el transporte público en Atenas parará durante 48 horas en protesta contra el recorte en el personal y la reducción del sueldo dentro de las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno.

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, mantuvo una conversación telefónica anoche con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, para tratar sobre una posible salida a de la crisis griega, según informó hoy su despacho.

El contacto se hizo horas después de que la misión de supervisión formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, conocida como la "troika", diese luz verde a la entrega del sexto tramo del paquete de asistencia financiera a Grecia, de 8.000 millones de euros.

La entrega definitiva aún debe de superar la aprobación política del eurogrupo y el comité ejecutivo del FMI para que se haga definitiva.

Para el 19 de octubre los sindicatos mayoritarios han convocado a una nueva huelga general de 24 horas, que se suma a una oleada de paros sectoriales previos.

Así, lo trabajadores portuarios de todo el país y los funcionarios de Haciendas iniciarán también un paro de tres días a partir del lunes, igualmente para protestar contra las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno.

Previamente, los abogados del país iniciarán una huelga de una semana a partir de mañana, y los empleados de los ayuntamientos que recogen la basura continúan la paralización que ha llevado a que se amontonen 7.000 toneladas de basura en las calles de las principales ciudades.

También hoy, Papandréu ha convocado a un Consejo de Ministros para tratar sobre la liberalización de la profesión de taxista, un gremio que agrupa a unas 27.000 personas en todo el país, y que contaba con un sistema de licencias cerrado que no permitía la emisión de nuevos permisos.