El estado de Alabama le pidió el martes a un tribunal federal de apelaciones que le permita poner en vigor su polémica ley contra la inmigración ilegal, la cual es vista por muchos como la más estricta en el país y ha ocasionado que algunos inmigrantes huyan del estado.

Mientras tanto, algunos miembros de la comunidad hispana de Alabama están alentando a residentes de habla hispana y a quienes los apoyen a que no se presenten a trabajar esta semana para protestar contra la nueva ley y mostrar que los hispanos son una parte importante de la economía de Alabama.

La ley exige a funcionarios que revisen la situación migratoria de estudiantes de escuelas públicas; permite a la policía retener sin derecho a fianza a quien se sospeche que está en el país sin permiso y convierte en delito que un inmigrante que vive ilegalmente en el país tenga tratos con el estado para cosas básicas como obtener una licencia de manejo.

El Departamento de Justicia federal y una coalición de grupos defensores de los derechos han impugnado la ley, y le pidieron la semana pasada al tribunal federal de apelaciones del 11mo circuito que la bloquee, al menos temporalmente, con el argumento de que podría llevar a la discriminación incluso contra residentes legales. El Departamento de Justicia manifestó que la ley podría tener repercusiones considerables si los inmigrantes huyen a otros estados o a sus países natales.

Alabama dijo en argumentos presentados el martes ante el tribunal que no existe evidencia suficiente que muestre que hacer cumplir esa ley vaya a causar daños irreparables.

"¿Realmente causa daño a Estados Unidos cuando un estado informa al gobierno federal sobre personas que están violando la ley federal, y luego deja el asunto al gobierno federal para decidir si inicia procesos de deportación?

¿Realmente daña a Estados Unidos que el estado recabe información sobre cuánto está gastando para educar a niños presentes ilegalmente? Por supuesto que no", escribió el fiscal general de Alabama Luther Strange en los documentos presentados en la corte.

El Departamento de Justicia y los grupos intercesores tienen hasta la mañana del miércoles para presentar una respuesta. Luego de ello, la corte podría decidir si intervendrá.

La coalición de activistas dice que la ley ha creado un "caos" en Alabama y dejado a muchos hispanos temerosos de ir a sus trabajos y de enviar a sus hijos a la escuela.

En Alabama, usuarios de Facebook han formado grupos y eventos instando a la gente a no presentarse a trabajar el miércoles y jueves. También están pidiendo a la gente sólo comprar en negocios que son parte de la comunidad hispana.

Cientos han dicho que participarán.

Ya se han reportado procesos por violar la nueva ley.

Entretanto, ha habido confusión entre cortes y agencias de aplicación de la ley sobre como hacerla valer.

Funcionarios estatales dijeron el martes que las cortes locales no están obligadas a encarcelar a las personas que no pueden demostrar su ciudadanía con el registro de conductor bajo la nueva ley.

La Oficina Administrativa de las cortes dijo en un memorando enviado a los magistrados que pueden ordenar la libertad mientras las autoridades verifican si el sospechoso es ciudadano. Para ello, basta con que el sospechoso firme un documento.

El titular de la asociación de jefes de policía estatales, Terry Davis, dijo que esto aliviará los temores de una sobrepoblación carcelaria.

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El periodista de la AP Jay Reeves en Alabama contribuyó a este despacho.