La Fiscalía colombiana acusó a 10 militares por su presunta responsabilidad en el asesinato hace más de cinco años de dos campesinos que falsamente fueron reportaron como guerrilleros muertos en combate, se informó el martes oficialmente.

Los hechos violentos en los que resultaron muertos Arcadio Torres y Rosendo Holguín ocurrieron en marzo de 2006 en zona rural del municipio de Puerto Concordia, departamento de Meta, 257 kilómetros al sureste de Bogotá.

Los afectados con la determinación de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos son el capitán Miguel Alejandro Durango, los suboficiales Sergio Alfonso Cruz, Luis Euclides Ibargüen y Diego Fernando Mina y seis soldados profesionales, precisó el ente investigador a través de un comunicado.

"En la tarde del 22 de marzo de 2006 supuestos miembros de autodefensas (paramilitares) se llevaron de su casa... a Arcadio Torres junto con el labriego Rosendo Holguín... Al día siguiente, 23 de marzo, tropas del Batallón José Joaquín París reportaron la muerte en combate de dos NN del frente 44 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que presumiblemente atacaron a los uniformados quienes iban hacia el campamento de los insurgentes", explicó la Fiscalía.

Agregó que "posteriormente, la madre de Torres se enteró de las muertes de su hijo y de Holguín cuando denunciaba en la Personería de Puerto Concordia la desaparición de éstos".

Los 10 acusados, dijo la Fiscalía, están detenidos en guarniciones militares.

Desde fines de 2008, cuando se descubrió que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que 2.701 personas habrían sido víctimas de esa práctica.

Según estadísticas del organismo investigador, hasta abril pasado 344 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.

En octubre de 2008, el entonces mandatario Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual presidente Juan Manuel Santos, quien para el momento del escándalo de las ejecuciones era ministro de Defensa, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales que por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en algunas de esas ejecuciones.