El Ministerio Público del estado de Sao Paulo anunció hoy que ha presentado ante la Justicia una solicitud de traslado temporal de los vecinos de un complejo residencial de la capital regional, donde viven unas 3.000 personas, a causa del riesgo de explosión por concentración de gas metano en el subsuelo.

La promotora de Justicia de Medio Ambiente de Sao Paulo Claudia Cecilia Fedeli emitió un documento en el que exige el traslado de los residentes de Cingapura Zachi Narchi, en el norte de Sao Paulo, así como el cierre de un centro de educación infantil, en un plazo de cinco días si no desaparecen los riesgos a los que, a su juicio, se enfrentan los habitantes.

Según un comunicado, la solicitud llega después de que la Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental, órgano que vela por las cuestiones medioambientales, considerara que "existe riesgo potencial expresivo de explosión" por las concentraciones encontradas.

Si la Justicia acata la solicitud, el Ayuntamiento deberá evacuar el complejo en cinco días.

De acuerdo con esta versión, representantes del Ayuntamiento de Sao Paulo se comprometieron a ejecutar un seguimiento diario y aplicar medidas para garantizar la seguridad, pero las propuestas no fueron consideradas aptas "para alejar el riesgo al que están sujetos los habitantes del conjunto habitacional".

Además del traslado, la solicitud prevé la vigilancia diaria de los 140 apartamentos situados en las plantas bajas de los edificios de la zona para controlar los niveles de metano y la instalación en 20 días de un sistema de drenaje.

Fedeli, citada por la estatal Agencia Brasil, declaró que la petición "es la última de las hipótesis" y agregó que si las autoridades municipales logran implantar un plan de contingencia rápido y seguro es "posible impedir la retirada de los residentes".

El complejo de Cingapura, levantado sobre un antiguo vertedero, está próximo al centro comercial Center Norte, que hoy volvió a abrir sus puertas tras permanecer dos días cerrado después de que el Ayuntamiento descartara riesgos por acumulación de metano.

La petición del Ministerio Público llega un día después de que las autoridades municipales aseguraran que el complejo, construido en 1995 y donde viven 2.787 personas, "no está bajo riesgo inminente", ya que no fue hallado gas en zonas confinadas.