El Ministerio griego de Finanzas informó hoy en Atenas de que alcanzó anoche con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo sobre "las políticas económicas y financieras".

En el comunicado se añade que hoy "se repetirá la reunión para examinar el acuerdo equivalente con la Comisión Europea (CE)".

La troika, que supervisa los avances en las reformas estructurales y financieras del país helénico, está compuesta por expertos de la CE, del FMI y del Banco Central Europeo (BCE).

Grecia está a la espera de que la troika elabore un informe sobre los progresos alcanzados para corregir los problemas presupuestarios y el alejamiento de las metas de déficit (8,5 % del PIB en vez del 7,6 % pactado para este año), y una contracción de la economía del 5,5 % y una tasa de paro del 15,4 %.

El jefe del grupo del euro, el luxemburgués Jean Claude Juncker, dijo ayer que este informe, crucial para que Grecia reciba más ayuda exterior, estará listo para el 24 de octubre.

Según indicaron hoy fuentes oficiales a Efe, el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, reconoció ayer en una reunión con los miembros del comité de finanzas del gobernante partido socialista PAOK que Grecia está "en el filo de la navaja".

Confirmó que "ahora está sobre la mesa la conversación sobre la ampliación de cómo gestionar la deuda soberana de los socios europeos" y añadió que "o el país se derrumbará o se levantará".

Venizelos también rechazó la idea de celebrar elecciones anticipadas, tal y como lo exige la oposición conservadora. "Sería algo catastrófico para el país en este momento".

Según un sondeo publicado hoy por la compañía "Public Issue", el respaldo popular del gobernante PASOK socialista baja hasta un mínimo histórico del 22,5 por ciento.

El partido de oposición conservadora "Nueva Democracia" lleva una ventaja de nueve puntos, con el 31,5 %, pero sin mayoría absoluta, mientras que la abstención alcanza ya un teórico 34 %.

El Gobierno afronta un gran descontento popular contra un nuevo proyecto de ley que presentó anoche a trámite en el Parlamento, con el que pretende imponer más medidas de austeridad.

Concretamente, se suprimirá un centenar de complementos en el sector público, y se mantendrán sólo las pagas extras de Navidad, de Semana Santa y vacaciones de verano, así como bonificaciones, para empleados con más de tres hijos y para los aduaneros.

El nuevo sistema único de sueldos en el sector público reduce en muchos casos los salarios en un 50 %.

Los sindicatos mayoritarios de funcionarios y de empresas semiestatales llevaron a cabo una huelga general de 24 horas el pasado miércoles contra esos recortes y el despido de 30.000 funcionarios.

Para el 19 de octubre está previsto un nuevo paro laboral, al que se unirán los empleados del sector privado, lo que paralizará una vez más la vida pública del país.