La Corte Suprema de Justicia de El Salvador acordó no ejecutar las ordenes de captura contra cinco militares retirados que son requeridos por un juez español por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

Nueve de los quince magistrado de la Corte, concluyeron la noche del jueves que, al igual que lo hicieron en agosto pasado, que las difusiones rojas de la Policía Internacional (Interpol), solo sirven para localización y no para la captura de los militares en retiro.

"Esas notificaciones roja son de auxilio policial, pero su finalidad es solamente de búsqueda. No tenemos solicitud de detención con fines de extradición ni solicitud de extradición", dijo el viernes en declaraciones a periodistas el magistrado Ulises de Dios Guzmán.

Las cinco notificaciones roja ingresaron a la Corte Suprema de justicia el 21 de septiembre y de la documentación la Interpol se pedía la detención preventiva de los militares retirados Guillermo Benavides Moreno, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, Carlos Mauricio Guzmán y Oscar Alberto Larín, según un informe de la Corte.

La también magistrada de la Corte, Rosa María Fortín declaró a los periodistas que no se podía avalar la captura porque "no se han seguido los canales diplomáticos, no existe una solicitud formal de detención con fines de extradición".

"No podemos pronunciarnos sobre una captura cuando no hay pedido oficial", subrayó la magistrada Fortín.

Igual decisión tomó la Corte el agosto pasado cuando estudiaron la solicitud del juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió a la Interpol que emitiese alerta roja para la detención de nueve militares retirados, para procesar un pedido de extradición ya que ninguno de los oficiales castrenses se presentó voluntariamente a declarar sobre el caso.

En ese ocasión, la Corte dio por cerrado el caso y el magistrado Guzmán dijo que, "la Corte Suprema de Justicia no puede ni considerar si concede o no concede una detención porque el Estado (de España) no lo ha solicitado. En consecuencia tampoco puede la policia nacional proceder a capturar a los militares".

Los seis sacerdotes jesuitas que trabajaban en una universidad y dos empleadas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato.

Los cinco religiosos españoles y uno salvadoreño fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl entrenado en Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía en 1993.

El entonces presidente Alfredo Cristiani, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) emitió el decreto de amnistía pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La UCA ha dado por cerrado el caso, en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.