El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, dio hoy la razón a Francia en su condena al financiero estadounidense George Soros por un delito de manejo de información privilegiada que data de 1988.

El multimillonario denunció a Francia ante esa instancia paneuropea al considerar que había sido injustamente condenado a una multa de 2,2 millones de euros.

Invocó los artículos 6 (derecho a un juicio justo en plazo razonable), 13 (derecho a un recurso efectivo) y 14 (prohibición de la discriminación por ser el único de los inculpados que fue condenado) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque estos delitos no fueron retenidos en el juicio.

Además, adujo la violación del artículo 7 (no hay pena sin ley), ya que la normativa aplicable en el momento de los hechos era "demasiado imprecisa para permitirle saber que su acción era ilegal" y porque el derecho europeo era más favorable que el francés, cargo que sí fue aceptado por el Tribunal.

Los jueces de Estrasburgo consideran, sin embargo, que la condena no contraviene ningún artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los abogados de Soros indicaron a la prensa que apelarán la sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

Los hechos remontan a 1988, cuando tras el rechazo a participar en una operación para tomar el control de Société Générale, el fondo de inversiones de Soros compró un paquete de acciones de cuatro sociedades francesas, entre ellas el citado banco, por 50 millones de dólares.

Días después vendió una parte de los títulos y obtuvo un beneficio de 2,28 millones de dólares.

La justicia francesa investigó a partir de 1990 un presunto delito de manejo de información privilegiada y, doce años más tarde, condenó a Soros por esos hechos a pagar una multa de 2,2 millones de euros, pena que fue reducida en 1997 a 940.000 euros.

El multimillonario de origen húngaro, de 81 años, presentó en 2006 un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.