Enfrentada a críticas de diversos sectores, la secretaria de seguridad nacional, Janet Napolitano, justificó el miércoles la nueva política del gobierno de Barack Obama de decidir qué inmigrantes que entraron ilegalmente al país serán repatriados primero.

El gobierno está deportando un número récord de inmigrantes sin documentación, dijo, pero colocando al tope de la lista a quienes significan una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional. Es un cambio respecto de la estrategia del gobierno de George W. Bush, dijo Napolitano en un discurso en la American University, el más reciente intento por promover la nueva política ante la ciudadanía.

Los republicanos dicen que establecer prioridades para deportar a esos inmigrantes equivale a una concesión de amnistía a otras personas que están viviendo ilegalmente en Estados Unidos pero que no han cometido delitos, pero para los promotores de la inmigración, el gobierno sigue deportando a dichos inmigrantes.

Agregó que las políticas heredadas del gobierno de Bush "asignaban tantos recursos, o más, a rastrear y deportar a los estudiantes universitarios que a apresar a extranjeros delincuentes y pandilleros".

Las autoridades efectuaban grandes redadas en compañías sin castigar sistemáticamente al empleador ni individualizar a las personas que representaban una amenaza.

"Esos allanamientos no representaron una protección a la seguridad pública y a veces requirieron cientos de agentes y miles de horas para completar", agregó.

Ahora, dijo, el Departamento de Seguridad Nacional usa huellas digitales recolectadas entre los que están en cárceles locales para identificar y deportar a los delincuentes y a quienes han violado reiteradamente las leyes inmigratorias.

Los partidarios de una reforma inmigratoria dicen que este programa, conocido como Comunidades Seguras, ha resultado en la deportación de personas acusadas de infracciones de tránsito y otros delitos menores. Varios estados han dicho que no quieren participar, argumentando que la inmigración es responsabilidad federal y no estatal.

Napolitano negó que el programa hubiese contribuido a más deportaciones anuales y admitió algunas fallas, como por ejemplo que al principio se supuso que fuese voluntaria pero posteriormente se hizo obligatoria.

"Pero aun con fallas al comienzo del programa, ya ha contribuido a lograr mucho para garantizar que usemos nuestros recursos donde sean más beneficiosos", acotó Napolitano.

En agosto, Napolitano envió una carta a un grupo de senadores que apoyan una amplia reforma a la inmigración. En ella, la secretaria se compromete a revisar aproximadamente 300.000 casos pendientes que están estancados en cortes federales de inmigración. Napolitano escribió que se debería considerar que los casos de mucha gente que no tenía historial de haber cometido delitos sean aplazados indefinidamente.

Esas mismas personas entonces deberían tener la posibilidad de solicitar un permiso para trabajar en Estados Unidos, aunque ese tipo de permisos no estén garantizados.

Los republicanos, por su parte, han acusado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de tratar de saltarse al Congreso y que buscaría establecer una política de amnistía administrativa, pero Napolitano ha rechazado esa acusación.

El legislador republicano por Texas Michael McCaul, reiteró esa acusación durante la audiencia del martes.

"Llámela como quiera. Me parece que la administración está diciendo 'Bueno, si usted no es un (inmigrante) ilegal, le vamos a permitir que se quede en Estados Unidos y además le permitiremos presentar solicitudes para obtener permisos de trabajo", dijo McCaul.

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Alicia A. Caldwell tiene su cuenta de Twitter en http://twitter.com/acaldwellap