La nueva ley de inmigración en Alabama — una de las más duras en Estados Unidos — resulta contraproducente en el plano laboral pues, según los primeros indicios, dista de fomentar empleos.

Los promotores de la legislación dijeron al impulsarla que crearía empleos y se los quitaría a inmigrantes que viven ilegalmente en el país para que fueran ocupados por las personas legales.

Pero la legislación — en vigencia desde la semana pasada — está alejando a numerosos trabajadores de la construcción, a techadores y a campesinos que hacen los trabajos agotadores que los estadounidenses por lo general rechazan.

Hasta ahora son pocos los residentes legales que han solicitado las vacantes, lo cual provoca un vacío que seguramente perjudicará a la economía del estado y frenará la reconstrucción de Tuscaloosa y de otras ciudades dañadas por tornados.

Los empleadores creen que ahora pueden seguir adelante debido a la mala situación de la economía, pero temen que cuando las cosas cambien, no habrá a quien contratar.

Rick Pate, propietario de un negocio de jardinería en Montgomery, perdió a dos de sus más experimentados trabajadores, que ingresaron a Estados Unidos sin autorización. Pate invirtió miles de dólares para capacitarlos en la instalación de sistemas de riego en lugares como en una planta de Hyundai.

"Simplemente perciben que aquí hay un ambiente negativo", dijo Pate. "No se sienten bienvenidos. No los envidio. Yo también me sentiría nervioso".

Aunque se desconoce cuántos de los aproximadamente 185.000 hispanos en el estado han salido, un cálculo preliminar indicó que hasta una cuarta parte de la fuerza laboral en la construcción ha huido desde que la ley entró en vigencia la semana pasada, dijo Bill Caton, presidente de la empresa Associated General Contractors de Alabama. La construcción genera al menos 7.000 millones de dólares al año en Alabama.

Varios legisladores dijeron que la ley sería un alivio para los habitantes legales, que padecen una tasa de desempleo de casi 10%.

Uno de los autores de la legislación, el senador republicano Scott Beason, expresó la esperanza de que los problemas duren poco, y afirmó que dos personas le agradecieron que ocuparon empleos que antes tenían inmigrantes sin permiso para estar en el país, los cuales se alejaron del estado. Beason espera que esa situación aumente.

Algunos agricultores disintieron.

El productor de tomate Chad Smith dijo que su empresa familiar está por perder hasta 150.000 dólares debido a que carecen de los trabajadores suficientes para levantar los cultivos.

"Tendremos suerte si seguimos en el negocio el año próximo", advirtió.

Las secuelas financieras variarán por zonas. Según especialistas, es muy pronto para hacer predicciones.

La ley permite que la policía detenga indefinidamente a los sospechosos de estar sin autorización en el país y exige que las escuelas verifiquen la condición migratoria de los nuevos estudiantes. Estos elementos convertirían a la legislación en la ley migratoria más rigurosa en Estados Unidos.

La ley también afecta a los empleadores porque impide contratar a inmigrantes en las calles o carreteras, donde éstos suelen pedir trabajo. Prevé igualmente que un inmigrante sin permiso para estar en el país comete un delito si solicita trabajo. Una jueza federal suspendió temporalmente estas secciones de la legislación para que pueda estudiarlas con más detenimiento.

Cristian González, una inmigrante mexicana sin permiso para vivir en Estados Unidos, es una madre de cuatro hijos que vive con su marido en una casa rodante en el suburbio de Birmingham. Cruzaron subrepticiamente la frontera en el 2009 con la intención de trabajar y ahorrar dinero para luego regresar a su país.

"Tenemos miedo de ir a Walmart", dijo González. "Temo salir caminando con mis hijos para tomar el autobús. Temo conducir".

Su marido trabajó como albañil y cocinero, pero recientemente se quedó sin empleo. Ahora han tomado la decisión de que tienen que volver a México.

El temor también se refleja en las escuelas. De los 34.000 estudiantes hispanos, 2.285 se ausentaron el lunes.

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Los periodistas de The Associated Press Jay Reeves en Birmingham y Dave Martin en Steele contribuyeron en la información.