La liberación de más de 40 personas presuntamente carentes de permiso de estancia en el país que se encontraban encarceladas en el condado de Cook por delitos menores ha agregado combustible a un debate beligerante sobre seguridad pública y sobre el desafío de autoridades al programa federal que tiene la intención de realizar más deportaciones de delincuentes.

El programa depende de que agentes de policía y de la oficina del alguacil retengan a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país más tiempo del normal. Pero comisarios del condado que rodea a Chicago adoptaron recientemente una nueva ley que ordena que el alguacil no tome en cuenta todas las exigencias federales de retener a esos inmigrantes después de que cumplan su sentencia o garanticen una fianza.

Otros lugares, como San Francisco, han tomado medidas similares, como parte de una repercusión negativa contra el gobierno del presidente Barack Obama, del cual muchos consideran que está buscando deportar injustamente a inmigrantes acusados de infracciones de tránsito y otras ofensas menores. Pero la nueva ordenanza del condado de Cook es la primera que prohíbe a un alguacil retener a sospechosos de infracciones de la ley así como a aquellos acusados de delitos menores.

"Coloca a los residentes en riesgo, y coloca a mis oficiales de policía en riesgo", dijo Rod Craig, alcalde de Hanover Park, un suburbio de Chicago, quien está furioso por la liberación de tres presuntos inmigrantes acusados de atacar a dos agentes y de tratar de quitar el arma a uno de ellos.

Se supone que al retener a los inmigrantes que no demuestran que viven legalmente en el país se da tiempo a agentes federales para recoger a los sospechosos e iniciar los procesos de deportación. Pero uno tras otro, gobiernos locales se han quejado del programa Comunidades Seguras, el cual otorga a los agentes de inmigración acceso a huellas dactilares recogidas en las cárceles.

Señalan que la práctica cuesta demasiado dinero y trata injustamente a los inmigrantes, especialmente a aquellos acusados sólo por delitos que tienen castigo de corta estancia, como robo en tienda, violaciones de tráfico y manejo en estado de ebriedad.