Trece jóvenes acusados por el gobierno y por un fiscal de crear una asociación ilícita terrorista para colocar bombas fueron sobreseidos el martes por falta de pruebas, en una audiencia pública, luego de permanecer ocho meses en una cárcel de máxima seguridad y sostener una huelga de hambre por 65 días.

La fiscalía que llevó el caso fue condenada por el juzgado de garantía a pagar las costos del juicio, es decir, los gastos en que incurrieron los acusados en su defensa.

Sin embargo, cuatro de los sobreseidos el martes de integrar la asociación ilícita serán juzgados a partir del 28 de noviembre por la colocación de 29 bombas y dos más de ser financistas del grupo que detonó los artefactos.

El abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los inculpados, explicó a la AP que las seis personas que serán procesadas lo serán bajo la severa y criticada Ley Antiterrorista, heredada por el régimen militar (1973-1990), que endurece las penas en varios grados, permite utilizar testigos secretos y largos periodos de detención preventiva.

Sin embargo, como el grupo ya permaneció más de ocho meses detenidos en una prisión de máxima seguridad, quedaron en libertad provisional hasta el juicio.

Uno de las personas que será enjuiciada es el antropólogo Francisco Solar, quien en entrevista con la AP aseguró que él fue acusado por el antisistémico, 'okupa', Gustavo Fuentes Aliaga, de haber colocado dos de las bombas.

Añadió que el sujeto luego se desdijo de la acusación porque al momento de formular su declaración a la policía estaba ebrio, pero no fue tomada en cuenta su retractación.

Daza dijo no tener dudas de que Solar quedará libre de cualquier cargo.

El subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, no consideró un fracaso del gobierno el que 13 de las 14 personas acusadas hayan sido sobreseidas del cargo de asociación ilícita terrorista, impulsado por el Ministerio del Interior.

"Nosotros no nos vamos a inhibir de cumplir nuestro rol. Estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de las instancias pertinentes, y si ellos estimaron que no se configuraba el delito, es una situación que nosotros no manejamos", declaró.

Entre los sobreseidos figuran dos ex guerrilleros que combatieron con las armas a la dictadura militar del general Augusto Pinochet, 1973-1990, para los cuales el fiscal del llamado "caso bombas" había pedido presidio perpetuo porque los acusó de ser los líderes de la supuesta asociación terrorista.

Otro acusado, Cristián Cancino, será procesado en un juicio individual por asociación ilícita y tres

La causa investiga la colocación entre el 2006 y el 2010 de más de 120 artefactos de ruido — bombas de escaso poder explosivo, pero que emiten un nivel de ruido capaz de hace estallar ventanas — que detonaron en sedes bancarias, entidades fiscales y privadas. Sólo murió una persona, un joven que portaba una bomba en su mochila.

Los abogados de algunos de los sobreseidos anunciaron que demandarán al Estado por el daño causado a sus clientes.

El caso lo llevó inicialmente el mediático fiscal Alejandro Peña, quien aportó 6.774 pruebas contra los jóvenes y un listado de 794 testigos y otro de dos centenares de peritos. La misma causa fue llevada durante cinco años por otro fiscal que no consideró que la evidencia reunida en cinco años fueran sólida como para enjuiciar a alguien.

Entre las supuestas pruebas había literatura y afiches anarquistas, un poster de Axl Rose, ex vocalista del grupo estadounidense Guns N' Roses, un libro sobre la vida de los anarquistas italo-americanas "Sacco y Vanzetti", y un ejemplar de "El arte de la guerra", de Sun Tzu, y una pistola de fogueo.

En la fase de preparación del juicio los defensores lograron reducir las supuestas pruebas a 2.450.

Luego que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se quejara de la "lentitud" en la investigación, el persecutor Xavier Armendáriz fue reemplazado por Peña, a quien le bastaron dos meses para detener y encausar a 14 personas, entre ellos algunos anarquistas y un antropólogo, a los que presentó a la prensa como terroristas y los envió a una cárcel de máxima seguridad durante ocho meses.

A los pocos días Peña renunció y se fue a trabajar al Ministerio del Interior, con Hinzpeter.

El juez Moisés Avilés desechó el 70% de las supuestas pruebas, decisión ratificada la semana pasada por la Corte de Apelaciones, con lo que se desmoronó el caso de la fiscalía.

El fiscal nacional, Sabás Chahuán, quien reemplazó a Armendáriz por Peña, declaró que al concluir el proceso pedirá un informe detallado para "tomar las medidas de corrección necesarias, para ver dónde fallamos, dónde falló el equipo anterior y el nuevo, si es que tiene fallas el equipo nuevo".

Uno de los supuestos líderes, hoy sobreseido, Pablo Morales, al salir del centro de justicia declaró a la prensa que "me hubiera gustado ver aquí al fiscal Peña, hoy funcionario Peña, pues fue él quien armó todo este montaje junto al Ministerio del Interior".