La Fiscalía ordenó la detención preventiva de tres altos oficiales retirados del Ejército al considerar que habrían hecho parte de una red de seguimientos ilegales a integrantes de un importante sindicato y a un congresista de izquierda, según documentos oficiales divulgados el lunes.

La decisión de la fiscal Mariela González, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, afectó al teniente coronel Julián Villate y a los mayores Marco Fidel Rivera y Hugo Alfonso Abondano, como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado o la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.

En el documento de 100 páginas, una de cuyas copias tuvo acceso la AP, la Fiscalía les concedió a los asegurados el beneficio de casa por cárcel toda vez que siempre han acudido a las citaciones de las autoridades.

El abogado Jorge Molano, quien representa a las víctimas de los supuestos seguimientos ilegales, explicó a la AP que a los tres militares en retiro se les detuvo "por lo que se conoció como la 'Operación Dragón', que consistía en acciones clandestinas contra la vida e integridad personal de directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali (Sintraemcali), la defensora de derechos humanos... Berenice Celeyta y el senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, Alexánder López Maya".

La fiscal dijo que "los imputados desarrollaron su propósito ilegal de hacer inteligencia a los miembros de la junta directiva de Sintraemcali, a su asesor político Alexánder López y la asesora en derechos humanos Berenice Celyta... para, entre otras cosas, desplegar campañas de deserción del sindicato y hasta atentar contra la vida de los miembros de la junta directiva y la de los asesores".

Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, en la ciudad de Cali, 300 kilómetros al suroeste de Bogotá, comentó en un correo electrónico enviado a la prensa que "estas persecuciones a los dirigentes de nuestra organización sindical, con más de 73 años de lucha, se dio mientras Sintraemcali se oponía a los diferentes intentos por materializar la privatización de la principal empresa del suroccidente colombiano, Emcali Eice Esp".

Molano cuestionó la decisión de ordenar la detención domiciliaria de los imputados y aseguró que "parte de quienes conformaron esta empresa criminal permanecen cobijados por un manto de impunidad".

Anunció que apelarán esa medida, y se pondrán en contacto con la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Fiscalía General publicó el domingo un informe en el que aseguró que entre el 2000 y 2011 se profirieron 354 sentencias condenatorias por crímenes contra sindicalistas en Colombia.

La AP publicó la víspera un informe de una organización defensora de derechos humanos — Human Rights Watch — que daba cuenta de que no había habido "ningún progreso" en las investigaciones judiciales sobre asesinatos de sindicalistas en el país.

"Colombia continúa enfrentando niveles alarmantes de violencia sindical", aseguró Human Rights Watch (HRW) en una carta dirigida esta semana a la fiscal general Viviane Morales.

El lunes no se había conocido una postura oficial de la Fiscalía sobre el informe de HRW.