Estudiantes de la enseñanza técnica convocaron a una marcha el martes no autorizada por el gobierno, al tiempo que un informe sobre los derechos humanos en el país de la universidad privada Diego Portales condenó la violencia policial para reprimir protestas estudiantiles.

Desde hace casi cinco meses, el gobierno enfrenta una movilización nacional de estudiantes que demandan reformas profundas a la educación, con mayores aportes estatales a la enseñanza pública, avanzar hacia la gratuidad de la educación y controlar el lucro en establecimientos que reciben recursos fiscales.

Aunque el miércoles deben iniciarse negociaciones directas entre el ministro de Educación, Felipe Bulnes, y los dirigentes de los estudiantes, alumnos de la enseñanza técnica convocaron a una marcha en Santiago para presionar por las demandas del movimiento estudiantil. Mantuvieron la convocatoria aunque el gobierno no dio la autorización para la manifestación callejera.

La Universidad Diego Portales, UDP, el lunes en la noche dio a conocer un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país para el año 2011, en el que hace referencia al conflicto estudiantil.

El estudio consigna que la protesta social y los abusos policiales marcan la situación de este año, y apunta que las violaciones de derechos "tomaron la forma de funcionarios presionados por mantener el orden público sin aparente contención política a los límites de su actuación".

"Durante 2011, la protesta se ha situado en el centro de la noticia; se han realizado las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia, pero su masividad y la atención que han recibido hasta ahora contrasta con la satisfacción de los derechos involucrados", sostiene el informe.

Dichas protestas, las mayores desde que Chile retornó a la democracia en 1990, han sido lideradas por estudiantes secundarios y universitarios y con el respaldo del Colegio de Profesores.

Al término de muchas de esas manifestaciones se han registrado disturbios provocados por pequeños grupos de encapuchados, los que han sido severamente reprimidos por efectivos antimotines. El informe de la UDP critica que la policía haya actuado contra marchas pacíficas y que lance bombas lacrimógenas en sitios cerrados, además la acusa de golpizas y maltratos a algunos manifestantes.

Asimismo, critica a la policía por usar agentes infiltrados en los actos de protesta y por haber dado muerte, según la investigación judicial, en agosto de un joven de 16 años que observaba protestas callejeras nocturnas. El muchacho fue muerto de un disparo de un sargento policial, que fue dado de baja de la institución y procesado.

El director del centro de derechos humanos de la UDP, Jorge Contesse, criticó también al divulgar el informe al gobierno del presidente Sebastián Piñera por elaborar un proyecto de ley, anunciado hace dos días, para sancionar severamente delitos como saqueos y la ocupación de colegios. Contesse dijo que no es necesario establecer nuevas medidas, que ya están contemplados en la legislación vigente.

También sectores estudiantiles y políticos opositores fustigaron al mandatario por sancionar la ocupación de colegios, una de las medidas que miles de estudiantes secundarios mantienen desde que iniciaron sus protestas en mayo. El gobierno debió precisar que sólo se sancionarán las ocupaciones violentas.