Una investigación presentada hoy en San Salvador determinó que en Guatemala, El Salvador y Honduras se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales y que el Estado de esos países en su mayoría está contribuyendo con la "omisión" en la investigación, lo que lleva a la impunidad.

La investigación, "Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados en Centroamérica: Estudio de situación de Guatemala, El Salvador y Honduras", reflejó que unos 231 jóvenes presuntamente vinculados a pandillas o bandas delincuenciales fueron ejecutados extrajudicialmente durante 2009 en dichos países.

De los 231 asesinatos, 157 se cometieron en Guatemala, 49 en El Salvador y 25 en Honduras, detalló el informe, aunque la responsable de la investigación, Claudia Virginia Samayoa, aclaró que las víctimas "son más" pero que no se pueden determinar porque las autoridades no las investigan.

Samayoa dijo a Efe que "las principales víctimas son jóvenes entre 15-29 años", y agregó que "en El Salvador y Guatemala los jóvenes entre 20 y 25 años son mucho más ejecutados, y en el caso de Honduras esto se desplaza hacia jóvenes en 15 y 19 años y mayores de 22 y 30 años", detalló.

Indicó que las principales víctimas de estos grupos de exterminio son "los hombres", aunque manifestó que "en Honduras el 20 % de las víctimas de la ejecución extrajudicial han sido mujeres, en el caso de El Salvador es el 4 % y en Guatemala también el 4 %".

"Eso demuestra que las mujeres empiezan a ser víctimas de este tipo de delitos y también estigmatizada", precisó Samayoa tras presentar la investigación, en la que participaron el Programa de Seguridad Juvenil de Centroamérica, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador.

Samayoa explicó que el estudio se basó únicamente en las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra "jóvenes estigmatizados", es decir, a los que se vincula con pandillas o bandas delincuenciales.

Desde hace años se detectó que este tipo de jóvenes "son 'jalados', ya sea por funcionarios públicos u hombres armados en carros, y que aparecen posteriormente asesinados", añadió.

Aunque reconoció que los asesinos pueden variar de un país a otro, señaló que lo que sí es común es que el Estado de cada uno de los países en la mayoría de casos comete "la omisión de acción en la investigación, o sea la permanencia de la impunidad", precisó.

"Por ejemplo, en el caso de Honduras el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales tomó un giro muy preocupante después del golpe de Estado (2009), ya que ha servido para castigar opositores al régimen, como ocurría en el conflicto armado de nuestros países", indicó, sin dar cifras.

También recordó que los tres países son firmantes de la Convención de la eliminación de la ejecución extrajudicial, y que de ellos "solo Guatemala tiene tipificado el delito a pesar de que la declaración obliga a los países a tipificarlo", resaltó.

Al mismo tiempo indicó que los países centroamericanos deben "eliminar" esta práctica de tiempos de conflicto armado para "siempre".

Además, denunció que ninguna de las fiscalías generales de los tres países quisieron proporcionar información, aduciendo que "era privada", y que los investigadores esperaron más de un año por dicha información.

El procurador adjunto salvadoreño de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, dijo durante la presentación de la investigación que "la muerte de jóvenes estigmatizados en los países de la región centroamericana debe de verse como lo que es, una verdadera tragedia".