El único lugar en América del Norte donde se permite la inyección de drogas ilegales salva vidas y debe permanecer abierto, dictaminó el viernes la Corte Suprema de Canadá.

La decisión de la corte podría facilitar la eventual apertura de otros lugares en diferentes ciudades, aunque el fallo sólo fue aplicable al sitio en Vancouver.

El lugar, llamado Insite, fue promovido por sus fundadores como un espacio seguro y humano para drogadictos. El gobierno conservador de Canadá dijo que la instalación fomenta el abuso de las drogas, pero la corte dictaminó que el gobierno debería dejar de interferir en la controversial "clínica".

La corte emitió su decisión unánime en un caso que recibe atención internacional.

En 2009 existían 65 lugares donde se permitía la inyección de estupefacientes en Canadá, Australia y Europa occidental, de acuerdo con el periódico de la Asociación Médica Canadiense. La Organización Mundial de la Salud los llamó una "intervención prioritaria" para desacelerar el contagio de sida vía agujas infectadas.

Cuando abrió Insite, John Walters, el jefe de la política antidrogas durante el gobierno del entonces presidente estadounidense George W. Bush, llamó la operación como "suicidio patrocinado por el gobierno".

A los drogadictos se les ofrecen agujas limpias y agua esterilizada en la cual mezclar sus drogas. Los farmacodependientes llevan sus propias sustancias y se inyectan en 12 alcobas de acero inoxidable con espejos en las paredes para que las enfermeras en una plataforma elevada puedan verlos.

Los defensores de Insite — una operación financiada por los contribuyentes en una zona sórdida y repleta de drogadictos en Vancouver — dijeron que el lugar ofrece una forma de asistencia de salud que es un asunto del gobierno local bajo la constitución canadiense. El gobierno de Canadá respondió que debido a que la heroína es una sustancia prohibida a nivel federal en Canadá, la legislación nacional ley nacional debería estar por arriba de los derechos locales.

Según el fallo, la decisión previa del gobierno de terminar la exención en materia de drogas amenazaba la salud y las vidas de las personas que usan agujas.