La fiscal general Viviane Morales acusó formalmente el jueves a dos altas autoridades del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe por su presunta participación en una red de espionaje contra magistrados, activistas de derechos humanos, periodistas y opositores.

La funcionaria planteó las acusaciones en una audiencia pública en la sede de la Corte Suprema, en contra de Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia, y de María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta.

Los acusó "de haberse concertado con otros servidores del DAS... para cometer de manera permanente y sistemática delitos en contra de las víctimas de las interceptaciones (telefónicas) ilegales", según dijo la oficina de prensa de la Fiscalía.

Ya la Fiscal había hecho públicos sus argumentos contra los dos ex funcionarios al pedir en mayo pasado a un tribunal que ordenara su detención mientras se desarrollaba el juicio en la Corte. Después hizo lo mismo cuando radicó en el alto tribunal el escrito de acusación contra ambos. Es decir, la intervención de Morales en la jornada fue una mera formalidad en el proceso.

Moreno fue acusado por su aparente participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Hurtado, en tanto, por los mismos tres crímenes, más peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Moreno y Hurtado siempre han pregonado su inocencia.

En su discurso ante la Corte Suprema, la fiscal Morales dijo que Moreno y Hurtado "organizaron, dirigieron y promovieron la concertación para cometer delitos en contra de las víctimas (del espionaje), especialmente con el ánimo de obtener ilegalmente información a través de los organismos de inteligencia para desprestigiarlas (con) la entrega de información reservada a terceros y a los medios de comunicación".

Moreno, que está en prisión desde finales de julio, estaba presente en el recinto de la Corte en compañía de sus abogados.

Hurtado, en cambio, se encuentra asilada en Panamá desde noviembre de 2010 cuando adujo temer por su vida en Colombia. Pese a que contra ella pesa una orden de captura en Colombia, el gobierno panameño ha dicho que respetará su asilo.

En febrero de 2009, medios locales denunciaron que desde la policía secreta se les hacía seguimientos ilegales y se les interceptaba los teléfonos a magistrados de la Corte Suprema, periodistas, activistas y opositores del gobierno Uribe (2002-2010).

A partir de ese momento, la Fiscalía inició una investigación que a la fecha tiene vinculados a 30 ex funcionarios, 16 de los cuales ya están bajo arresto.

Contra Uribe aún no hay averiguación penal formal.