Un hombre acusado de dirigir una banda ilegal de espías en Afganistán renunció a la Fuerza Aérea, protestando su inocencia pero pasible de cargos penales.

Dos investigaciones se llevan a caso en un caso que ha puesto a prueba el límite de lo que los contratistas pueden hacer en zonas de guerra.

Un empleado civil de la Fuerza Aérea, Michael Furlong, y su jefe, Mark Johnson, renunciaron en julio cuando el inspector general del arma dijo que los dos enfrentaban una censura oficial por el modo en que manejaron una red de recopilación de informaciones en Afganistán.

"Después de 17 meses de investigaciones del Departamento de Defensa y una investigación del FBI, se determinó que no se violaron leyes penales", escribió Furlong en su carta de renuncia del 12 de agosto, obtenida por la Associated Press.

Pero las investigaciones continúan en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y el Servicio de Investigación Penal de la Defensa en el Pentágono, dijo un alto oficial de la defensa, con la condición del anonimato para debatir cuestiones todavía bajo revisión legal.

La CIA afirmó a fines del 2009 que los contratistas militares privados de Furlong operaban una red ilegal de espías en Afganistán y Pakistán, dirigida por el ex espía Duane Clarridge. El entonces jefe de estación de la CIA se quejó de que esos contratistas ayudaban a detectar terroristas para operaciones de captura y asesinato y que interferían con las operaciones de la agencia en el terreno, según múltiples oficiales entrevistados en la investigación. Todas las fuentes hablaron con la condición de no ser identificadas.

Una serie de informes del New York Times expuso la controversia e hizo que el entonces secretario de defensa Robert Gates ordenase una revisión. Una investigación del Departamento de Defensa fechada en junio del 2010, obtenida por la AP, concluyó que la operación de Furlong había ocultado actividad de espionaje clandestina en medio de recopilaciones legítimas de informaciones en violación de la política del Pentágono.

Furlong y Clarridge sostuvieron que operaban una red legal de informantes pagos y que la información se usaba para todo, desde determinar las lealtades tribales hasta rastrear las células talibanas antes de que pudiesen atacar, dijeron dos funcionarios de la defensa.

El problema con la recopilación de informaciones efectuada por un contratista es que la lista de contactos se convierte en propiedad de una compañía privada en vez del gobierno estadounidense, dijeron funcionarios.

Eso crea un resquicio según el cual no hay modo de cotejar esas fuentes con las redes existentes de los militares y la CIA, un paso crucial para evaluar la veracidad de la información y para asegurarse de que los informantes no estén contactando a la vez dos ramas del gobierno estadounidense o interfiriendo en las operaciones de una u otra, dijeron dos ex funcionarios de inteligencia.