Los dos últimos pueblos indígenas aislados de Ecuador están amenazados, según activistas, por las operaciones en el campo de petróleo Armadillo, situado en una zona de gran biodiversidad y cuya licitación ha originado desavenencias en el seno del Gobierno.

Se trata de los Tagaeri y los Taromenane, dos pueblos aborígenes protegidos por la Constitución, que establece que en los "territorios" de "pueblos en aislamiento voluntario" estará "vetada todo tipo de actividad extractiva" y añade que la violación de sus derechos "constituirá delito de etnocidio".

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables abrirá mañana, lunes, los sobres con las ofertas de las empresas interesadas en explotar seis campos marginales (de baja producción) en la Amazonía ecuatoriana, entre ellos Armadillo, con los que prevé obtener 300 millones de dólares anuales.

El ministerio espera concluir la negociación y firmar los contratos a finales de octubre.

La posible presencia de tribus aisladas en los territorios de campo Armadillo, cercano al Parque Nacional del Yasuní, pone de manifiesto dos posturas diversas dentro del Gobierno, la de aquellos partidarios de la explotación, como la cartera de Recursos Naturales No Renovables, y una posición mucho más cauta representada por el de Patrimonio.

"Obviamente hay choques de intereses porque la razón de existir del Ministerio de Recursos No Renovables es el petróleo, y éste es un país petrolero que requiere del petróleo para desarrollarse, pero estamos en un cambio del proceso de desarrollo menos basado en la explotación de recursos no renovables, aunque esto va a tomar tiempo", dijo a Efe el subsecretario del Ministerio de Patrimonio, Tarsicio Granizo.

La cartera de Recursos Naturales No Renovables no respondió a las peticiones de Efe para hablar del tema, pero en declaraciones a la prensa en julio su titular, Wilson Pástor, afirmó que "no hay evidencias contundentes de la presencia de comunidades no contactadas" en Campo Armadillo.

Por su parte, Granizo reconoció que el yacimiento está fuera del área intangible, el territorio considerado ancestral donde se prohíbe la extracción petrolera, "pero evidentemente los pueblos indígenas aislados no conocen los límites del área intangible", agregó.

La explotación de Campo Armadillo preocupa al misionero español Miguel Ángel Cabodevilla, considerado uno de los principales investigadores de los indígenas no contactados.

"En estos momentos se va a explotar una zona muy peligrosa, el Campo Armadillo. Allí los intereses no son simplemente los intereses del Estado, hay intereses ecológicos e intereses entre los mismos Huaorani (otro pueblo indígena de la región)", declaró a Efe.

Cabodevilla aseguró que en noviembre de 2010 se detectó un grupo de Taromenane con "una casa a 20 kilómetros en línea recta del pozo que van a explotar", lo que implica "seis horas de camino para ellos".

El misionero explicó que, aunque Campo Armadillo no se encuentra dentro de la zona intangible y en él "no hay una presencia estable de grupos no contactados", la vivienda localizada está "en la zona de amortiguamiento y cerca de la zona de explotación".

El ministro Pástor afirmó que su departamento acatará lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establezca acerca de la explotación en ese campo y tomará "todas las precauciones que pida la ley" para llevar a cabo una actividad en el lugar.

Granizo declaró que cuando se conozca "la condición de estos pueblos" se deberá "trazar una hoja de ruta" y tomar todas las medidas cautelares "para que estos pueblos puedan sobrevivir".

Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la mayor coalición indígena del país, dijo a Efe que "la licitación de Campo Armadillo estaría violando las recomendaciones y los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Cholango denunció que con la explotación se "pondría en peligro la vida" de los indígenas no contactados, a la vez que se "violaría" la Constitución.

Un manifiesto firmado en junio por el expresidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta y organizaciones ecologistas y de derechos humanos rechazó la licitación del bloque Armadillo por considerar que "vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas libres, incluyendo su derecho a la vida".