La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el viernes el acoso judicial y físico que sufren periodistas en América Latina, especialmente en Venezuela, Argentina y Nicaragua.

En un comunicado de prensa difundido por correo electrónico, la SIP dijo que dará detalles de esos acosos en su próxima Asamblea General que se realizará en Lima, Perú, entre el 14 y el 18 de octubre.

"La persecución judicial, infundir temor y lograr autocensura son marca registrada del gobierno venezolano, por lo que creo que estamos frente a otro caso típico de atropello a los medios", expresó Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP.

Marroquín dijo que la organización se mantendrá alerta sobre la citación que el ministerio público hizo a cuatro periodistas del semanario 6to Poder, en una causa sobre "instigación al odio".

La citación fue posterior a la decisión del gobierno de sacar de circulación en forma temporal al semanario, por publicar una tapa irónica sobre funcionarias públicas de alta jerarquía.

Los periodistas Federico Olioso, Gerardo Laya, Jesús Linares y José Gregorio Martínez, fueron citados a comparecer, y el director del semanario, Leocenis García, permanece detenido.

Por otra parte, el copresidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP, Claudio Paolillo, repudió una solicitud de un juez federal de Argentina para que seis diarios de Buenos Aires le informen sobre los periodistas que escriben noticias e investigaciones de índices inflacionarios.

La solicitud judicial involucra a los diarios La Nación, Clarín, Ambito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y Página/12 y está relacionada con causas judiciales que mantiene el gobierno contra economistas independientes.

El caso deja al descubierto una polémica en Argentina sobre la medición oficial de la inflación que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que difiere sustancialmente de la que realizan empresas privadas y el Congreso argentino.

La agencia estatal de noticias argentina Télam, informó el viernes que el juez en lo penal económico Alejandro Catania también libró un exhorto al Fondo Monetario Internacional "para que dé cuenta de los parámetros que utiliza para difundir datos de la inflación argentina" y requirió "distintos tipos de información documentada" a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y al Banco Central de República Argentina.

La medida judicial "es tan inusual como impropia, ya que se irrespeta la tarea periodística, el derecho a la privacidad de las fuentes, y trata de imponer al periodismo una tarea de auxiliar de la justicia que no tiene", manifestó Paolillo en el comunicado de prensa.

La SIP expresó también su preocupación por el caso de Nicaragua, especialmente por la seguridad de la periodista Silvia González, corresponsal de El Nuevo Diario en la ciudad de Jinotega, en el norte de esa nación centroamericana.

González no regresó a su país, decisión que adoptó tras evaluar las amenazas de muerte que recibió en los últimos meses y que fueron prácticamente ignoradas por las autoridades.

La periodista denunció que las amenazas están ligadas a sus denuncias periodísticas sobre corrupción y abusos de autoridad que involucran a funcionarios del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Marroquín y Paolillo expresaron que la SIP seguirá este caso de "exilio forzado muy de cerca" y confían que "el presidente Daniel Ortega dispondrá las medidas necesarias para que ninguno de los hijos y familiares de González, que todavía permanecen en Nicaragua, sufran represalias".

La SIP no dijo dónde permanece la periodista.

Con sede en Miami, la SIP se dedica a defender y promover la libertad de prensa y de expresión en el continente americano. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones.

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