La Fiscalía formalizó la detención preventiva del coronel de la Policía, William Montezuma, porque presuntamente se alió con paramilitares a inicios de la década, informó el viernes la fiscal del caso.

Montezuma fue destituido como comandante policial del departamento de Nariño, pero sin ser pasado a retiro. Aunque quedó detenido, se encuentra bajo el régimen de vacaciones.

La fiscal Zoraida Uvita explicó telefónicamente a la AP que, luego de haber escuchado en diligencia de indagatoria o testimonio al oficial, Montezuma, decidió ordenar su medida de aseguramiento o detención preventiva mientras avanza la investigación.

Está vinculado a los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado en la modalidad de apoyo a grupos al margen de la ley, en este caso paramilitares.

Uvita tomó la decisión en contra Montezuma en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte Santander, a 400 kilómetros al noreste de Bogotá.

Montezuma, agregó la fiscal, había sido detenido hace 10 días y actualmente se encuentra detenido en una sede de la Policía en la capital colombiana.

Sólo por el cargo de homicidio podría ser condenado hasta 60 años de prisión.

El oficial fue relevado el mes pasado como comandante policial en el departamento de Nariño, al sureste del país.

Pero los cargos por los cuales lo investiga la Fiscalía, con base en testimonios de cuatro desmovilizados del paramilitarismo, se remontan a inicios de esta década, cuando Montezuma era director del cuerpo de inteligencia (Sijin) en Norte de Santander, frontera con Venezuela, explicó la fiscal.

De acuerdo con testimonios de desmovilizados, en 2002 y 2003 el oficial "recibía dinero en efectivo a cambio de ser permisivo" con los paramilitares, dijo Uvita.

Según la Fiscalía, Montezuma es investigado por el triple homicidio, el 23 de julio de 2003, de Virginia Contreras de Granados y de sus hijos María Ruth y José Antonio Granados, a manos de paramilitares.

En sus testimonios, los paramilitares desmovilizados han señalado al coronel como la persona que "ordenó la muerte de las tres personas, aparentemente porque eran informantes y daban información sobre los paramilitares", según ha dicho la Fiscalía.

Entre las personas que acusaron a Montezuma figura Jorge Iván Laverde, alias "El Iguano" o "Pedro Fronteras", un paramilitar desmovilizado que confesó en la Fiscalía que, entre 2000 y 2004, él y sus hombres pudieron haber asesinado a más de 2.000 personas en Norte de Santander.

La Policía, un cuerpo de 154.000 miembros, no se ha pronunciado sobre el caso de Montezuma.