El ministro de Energía, Rafael Ramírez, descartó que el Estado venezolano realice alguna negociación directa con la estadounidense Exxon Mobil Corp., y dijo que Venezuela insistirá en el arbitraje internacional.

"No estamos en discusión alguna con la Exxon Mobil para negociar este litigio fuera de los procedimientos que han transcurrido en el arbitraje internacional", indicó Ramírez al rechazar la versión de que las autoridades venezolanas estarían en negociaciones con la corporación estadounidense, reseñó el jueves la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Ramírez, quien también preside la estatal Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA), dijo que "no existe ninguna negociación directa" entre el Estado venezolano y Exxon Mobil.

"No estamos en la disposición de cancelar la suma abusiva que ha pretendido cobrar esta transnacional al pueblo soberano, que ha ejercido su derecho de aplicar su política petrolera", expresó el ministro en un comunicado que difundió el miércoles PDVSA.

Exxon Mobil acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) buscando la compensación por sus activos que fueron nacionalizados en 2007, y para demandar a Venezuela por los aumentos de regalías --impuesto de extracción-- y otros tributos que comenzó a aplicar el gobierno a partir del 2004.

El procurador general, Carlos Escarrá, ratificó el miércoles que el Estado Venezolano pagará por las expropiaciones, y aseguró que Exxon Mobil ha bajado el monto de su demanda.

Escarrá dijo a AVN que Exxon Mobil "nos estuvo demandando por 20.000 millones (de dólares)", y que después redujo el monto en dos oportunidades.

"Imagínate lo asaltante: ya va por 6.000 (millones de dólares). Venezuela tiene que pagar las expropiaciones, y nosotros como Estado estamos claros. En esos casos Venezuela tiene que pagar en el caso de las migraciones. El problema es cuánto te pago", acotó.

Exxon Mobil, con sede en Irving, Texas, inició juicio contra el Estado venezolano luego de la nacionalización de sus proyectos en la faja oriental del Orinoco, que se concretó a comienzos del 2007.

En 2008 Exxon Mobil sufrió un revés judicial cuando un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de bienes por 12.000 millones de dólares de la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La gigante estadounidense emprendió a finales de 2007 acciones legales contra PDVSA y acudió a tribunales de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Las medidas de Exxon Mobil fueron consideradas por el gobierno venezolano como "terrorismo judicial".

Por el proceso de nacionalización de la Faja del Orinoco resultaron afectadas también las empresas estadounidenses Conoco Phillips y ChevronTexaco, la francesa Total, British Petroleum, y la noruega Statoil.

De ese grupo solo Exxon Mobil y Conoco Phillips iniciaron reclamos contra PDVSA.